Una significativa parte de las empresas en el Perú percibe que la sobrerregulación afecta su dinamismo económico. Precisamente, un 68% de las empresas del sector industrial afirma que existen regulaciones, fiscalizaciones o acciones administrativas innecesarias o excesivas que restan su nivel de productividad, evidenció un reciente informe de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
En detalle, la mayoría consideró que estas actividades se reflejan en un enfoque sancionador de los fiscalizadores en lugar de tener fines de orientación (53%). Otro grupo relevante apuntó a los excesivos requisitos para tramitar permisos, certificados y similares (49%), a la discrecionalidad y falta de predictibilidad en el proceso de fiscalización (42%) y a los requisitos sin criterio técnico para tramitar permisos, certificados y similares (41%).
En menor incidencia aparecieron las demoras en devoluciones de impuestos con resoluciones aprobatorias (31%), las multas desproporcionadas respecto a la naturaleza de la falta cometida (31%), la interpretación inadecuada de la normativa se aplica en contra de la empresa (29%) y que el plazo legal establecido es muy extenso para tramitar permisos, certificados y similares (28%).
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Son varias las instituciones que están a cargo de estas actividades, pero el informe apuntó, mayoritariamente, a las municipalidades distritales. En el Perú, actualmente, existen más de 1,800 distritos.
El “Estudio sobre las regulaciones, fiscalizaciones o acciones administrativas en el sector industrial” sumó que también están la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), con un 43% y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), con un 40%.
En esta lista también figura la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En el caso de las municipalidades, la principal acción de sobrerregulación son los excesivos requisitos para tramitar permisos con un 62%, seguido de los requisitos sin criterio técnico para tramitarlos (60%) y un principal enfoque sancionador por orientador (52%).
Para la Sunafil, la principal observación de los industriales fue priorizar un enfoque fiscalizador sancionador en lugar de orientador (69%), así como también discrecionalidad y falta de predictibilidad en el proceso de fiscalización (56%) y multas desproporcionadas (46%).
Ahora, respecto a la Sunat, también se replicó como actividad el enfoque sancionador con un 78%, seguido de multas desproporcionadas (53%) y discrecionalidad y falta de predictibilidad en las fiscalizaciones (47%).
Separados por rubros económicos, se percibió una mayor incidencia de afectación de estas sobrerregulaciones en el sector sustancias y productos químicos (80%). En tanto, el 76% de encuestados del sector textil y confecciones consideró percibir esta afectaciones y, en el caso de la industria metalmecánica, lo fue un 74%. En el rubro de productos de plástico y caucho fue un 59%.
¿Por dónde pasa la solución a la sobrregulación?
Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, señaló que los resultados de esta encuesta es una muestra más de que la tramitología se ha vuelto un gran problema para el país. Su principal consecuencia es que aparte a los actores económicos de la formalidad y los empuja hacia la informalidad.
“Es el espacio que les queda cuando no logran aprobar sus planes o licencias por la sobrerregulación”, comentó.
El exministro comentó que deben realizarse ajustes urgentes. Estos deben considerar, por ejemplo, que ciertas aprobaciones tengan un límite de tiempo y que, desde un principio, puedan conocerse todos los requisitos que solicitan estas instituciones. Esto último apuntando abordar la discrecionalidad.
“El tema más agudo, en este escenario, es el relacionado a la Sunat. El pago de impuestos se ha convertido en un dolor de cabeza. Somos de los países que más se demora. Hay un nivel significativo de discrecionalidad de la Sunat y la Sunafil”, apuntó.
Asimismo, Thorne también indicó que una arista que se desprende de este escenario es que, como país, no se están aprovechando los beneficios de la era digital. “Muchos de estos trámites que hacen las municipalidades, podrían acelerarse significativamente con el uso de la digitalización”, sostuvo.
Para el exministro, la forma más inmediata de empezar a atender este escenario es que desde la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) se realicen propuestas y reuniones para uniformizar las gestiones respectivas. Agregó que desde el Congreso, con la promulgación de letes, y el Ejecutivo también debe empezar a tomar “en serio” este reto pendiente.
A su turno, Felipe James, presidente de la SNI, indicó que empezar con la solución a esta problemática corresponde al Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economías y Finanzas (MEF), así como al Congreso. Señaló que el costo de esta sobrerregulación termina incidiendo en los consumidores, pues se termina trasladando los diferentes costos de los trámites. Agregó que este panorama es una de las causas de la alta informalidad.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
