La reciente aprobación de la ley que establece siete años de cárcel por realizar actividades ilícitas en el sector pesquero no va a resolver la denominada “pesca negra” o desvío de la pesca que debería ir al consumo humano directo hacia la fabricación informal de harina, según el Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
El presidente de ese comité, Alfonso Miranda, señaló a Gestión que han denunciado ante las autoridades del Gobierno la existencia de por lo menos 50 plantas dedicadas a la pesca negra, que procesan en conjunto y en forma ilegal unas 100 mil toneladas de recursos hidrobiológicos al año (con un valor cercano a los US$ 150 millones).
Precisó que esta situación ha sido dada a conocer por el comité al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a la Dirección de Fiscalización, Supervisión y Sanciones del Ministerio de la Producción, así como a los gobiernos regionales.
Plantas operan al margen de la ley
Miranda, exviceministro de Pesca, mencionó que ese comité ha entregado a las autoridades la ubicación con videos y georreferencias de dichas plantas, que operan en el litoral en las provincias de Paita (Piura), El Santa (Áncash), Pisco (Ica) y en el Callao.
Señaló que estos establecimientos no cumplen con ninguna de las normativas de carácter ambiental, sanitario, laboral, tributario o administrativo, pero que, sin embargo, siguen actuando con toda impunidad “en las narices del Estado”.
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Asimismo, indicó que se sigue realizando en forma ilegal la pesca de recursos hidrobiológicos usando explosivos, a pesar de que ello se prohibió hace décadas, pero esa mala práctica se da, por ejemplo, diariamente en la reserva de Paracas y a cinco minutos (de viaje) de oficinas estatales.
En tal sentido, Miranda consideró que la Ley 31662, recientemente aprobada por parte del Congreso el miércoles de la semana pasada, que modifica diversos artículos del Código Penal, para penalizar la extracción de especies de fauna o flora acuática en épocas, cantidades, tallas y zonas que son prohibidas o vedadas, no resolverá esta problemática.
Su crítica a esa norma, según indicó, radica en que no persigue a la pesca negra, sino que criminaliza a los pescadores artesanales, muchos de los cuales están en proceso de formalización por el Ministerio de la Producción.
Además, remarcó que no se necesita de nuevas normas para desbaratar las operaciones ilegales de procesamiento de pescado que se realizan en las plantas antes mencionadas, sino que se las puede intervenir con la actual legislación.
Plantearán cambios en la ley que criminaliza a pescadores
Por su parte, el presidente de la Comisión de Producción del Congreso, Esdras Medina Minaya (Renovación Popular), informó a Gestión que entre el jueves y viernes de esta semana presentará un proyecto de ley para modificar, justamente, la Ley 31662, a fin de evitar que esa norma perjudique a los trabajadores artesanales dedicados a proveer de pesca para consumo humano directo.
Además, el parlamentario cuestionó que durante el proceso de aprobación de dicha ley, su respectivo proyecto legal no pasara para discusión de la Comisión de Producción del Congreso, sino solamente por las comisiones de Justicia y de Agricultura, pese a que involucra al sector pesca, que compete a la comisión que preside.
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Además, el legislador aseguró que conformará una mesa de trabajo para buscar soluciones a los reclamos de pescadores artesanales que temen ser perjudicados por esta ley, y que por esa razón están en huelga en Piura, Tumbes y Chiclayo.
Según Jesús Veliz, presidente de la Asociación de Conserveros del Perú, su gremio objeta esa norma, pues considera que aplica sanciones desproporcionadas y que pueden llevar a afectar a la tripulación de embarcaciones que, por salir a pescar, resulten sin querer ubicándose en zonas prohibidas.