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Desde la compra de un escritorio hasta la construcción de hospitales, colegios y carreteras por parte de las entidades públicas (ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, etc.) todo ello se canaliza a través de la Ley de Contrataciones del Estado, cuyo propósito es garantizar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, transparencia y oportunidad, y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha propuesto sustituir por la Ley General de la Cadena de Abastecimiento Público.
“En el Estado se tiene la costumbre diabólica de que cada Gobierno que entra quiere meterle la mano a esta ley que, aunque perdura desde 1998, ha sido modificada infinidad de veces”, señala Rodrigo Freitas, abogado y docente de la Universidad Científica del Sur.
Pero ¿cuáles son los pros y contras de este proyecto aun en consulta? El también especialista en temas de arbitraje destaca que, entre lo positivo, esta norma recoge las buenas experiencias que ha vivido el sector privado y público, como es el caso de los Juegos Panamericanos donde se utilizó el mecanismo de gobierno a gobierno que presenta una estructura contractual más ordenada, un lenguaje más amigable y una distribución del riesgo mucho más transparente.
Esta iniciativa también plantea otros puntos interesantes como efectuar contrataciones bajo mecanismos de diálogos competitivos y contratos de larga duración; sin embargo, para que esto se cumpla requiere que esté expresamente señalado en el reglamento, el cual demoraría años en crearse, asegura.
Recuerda que la Ley de Contratación regula tres etapas: los autos preparatorios (necesidad de la entidad para realizar un concurso público, que siempre está regulado); el proceso de selección (reglas para que los proveedores puedan participar y ganar la buena pro y suscribir un contrato con el Estado) y, por último, la ejecución del contrato (donde se fijan las obligaciones de la entidad y el contratista para velar por el cumplimiento contractual correcto).
“En esta última fase es donde se inhiben o aumentan los actos de corrupción y donde al respecto el proyecto no propone nada, desaprovechando la oportunidad para regular, por ejemplo, los contratos de conservación de carreteras, que lo maneja Provías Nacional, los cuales son los más complejos y caros con un costo de S/ 300 millones a S/ 400 millones”, precisa.
Ante ello, el especialista no ve la necesidad de volver a crear una norma si finalmente deja vacíos.
Destaca que, según información del MEF al 2020, existen 961,879 proveedores registrados con el Estado, es decir casi un millón, pero solo el 2.7% llega a contratar con el Estado.
Arbitraje
De otro lado, Freitas señala que la controvertida propuesta también pretende regular el arbitraje, pero ya no como una regla especial como era antes, lo cual sí sería beneficioso. “Tenemos una buena Ley de Arbitrajes que es la excepción a la regla en el mundo, porque casi nadie arbitra decisiones o contratos con el Estado de manera obligatoria”, acota.
No obstante, remarca que su ejecución también está amarrado al reglamento (interpretación de lo que dice la ley), el cual todavía no existe y tardará.
Asimismo, revela que quien velaría por el arbitraje ya no será el MEF, mediante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE, sino el Ministerio de Justicia, porque de acuerdo con la exposición de motivos han entendido de que este último como ente regulador no puede ver temas arbitrales por ser parte del privado. “Es una lástima que el MEF desaproveche una oportunidad tan valiosa y pese a ser ejemplo en varios países”, enfatiza.
Finalmente, advierte que a la fecha hay un grave problema, ya que solo hay 47 árbitros inscritos, y solo Provías Nacional tiene alrededor de 800 arbitrajes. “Esto hace de que las designaciones sean reiteradas y que se dude de la imparcialidad”, asevera.