Únete al canal de Gestión
Redacción Gestión

La inversión en infraestructura en puede brindar mejoras significativas para los ciudadanos en términos de riqueza y creación de empleo, mayor competitividad, así como reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, generando altos rendimientos para la inversión pública y una mejor calidad crediticia.

En Perú, cuya economía tiene una calificación A3 con perspectiva estable, la inversión en infraestructura “apoyará el impulso del crecimiento y aumentará la competitividad, pero el financiamiento de deuda conllevará riesgos crediticios”, comenta la agencia en un informe que analiza la brecha de infraestructura del país y evalúa los riesgos crediticios relacionados.

Para Moody’s, la brecha de frena el desarrollo económico y el crecimiento de la productividad, afectando la competitividad y la riqueza. La brecha de infraestructura es amplia en relación con las necesidades económicas internas y con respecto a otros países con niveles de desarrollo similares, señala el informe.

El Gobierno peruano estima que su brecha general de infraestructura es de alrededor de US$ 159,500 millones. Cerrar esa brecha apoyaría el crecimiento, aumentaría los niveles de riqueza y aumentaría la competitividad del país a escala global.

Sin embargo, los analistas de Moody’s afirman que cerrar dicha brecha será costoso y podría afectar la fortaleza fiscal del país. “Las inversiones anuales en infraestructura nueva y existente tendrían que promediar US$ 15,950 millones (6.3% del PBI promedio en el 2015-25) durante 10 años para cerrar la brecha de infraestructura para el 2025”, dijeron los analistas liderados por Jaime Reusche.

“El marco fiscal macroeconómico actual a mediano plazo del gobierno prevé que la inversión pública promediará 4.6% del PBI hasta el 2025, quedando por debajo de las necesidades. El uso de marcos de asociación público-privada (APP) podría ser una forma de compensar la falta”, agregaron.

Moody’s subrayó en su informe que los proyectos de inversión han sido vulnerables a la corrupción, impactando los esfuerzos del gobierno para reducir la brecha de infraestructura.

Los desafíos de gobernabilidad que se observan en las APP y los proyectos de inversión pública por igual incluyen:

  1. tensiones sociopolíticas exacerbadas por la desigualdad de ingresos y la informalidad económica que llevan a protestas y oposición a estos proyectos; 
  2. un pobre historial de cumplimiento de contratos debido a un poder judicial débil y descuido del estado de derecho;
  3. barreras burocráticas y derechos de propiedad por debajo del estándar que complican la expropiación de tierras para obras públicas; y 
  4. corrupción crónica en el sector público, pero especialmente a nivel local y municipal.

TAGS