Ley de pequeña minería y artesanal: lo que perdemos como país por la no formalidad

Fue a inicios de diciembre cuando Jorge Montero, titular del Minem anunció el compromiso de que la Ley Mape estaría lista en el plazo de seis meses para su presentación ante el Congreso de la República y su eventual debate ante el Pleno. Como se mencionó, el plazo coincide con el vencimiento del Reinfo.

Incluso, el titular de la cartera elevó el llamado a una labor multisectorial. “Quiero comunicar que ya hemos tomado contacto con la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Tenemos una tarea pendiente con ellos, con gremios de la pequeña minería y la artesanal, la SNMPE, para ponernos a trabajar de inmediato en la formulación del nuevo proyecto de la ley Mape, que debe estar lista, esperamos, antes de los seis meses para su discusión en el Parlamento”, sostuvo.

En este contexto, Gestión recoge las huellas numéricas alrededor de una actividad que está propensa a caer en el crimen organizado, el contrabando y —entre otros— el daño ambiental, según enumera el Instituto Peruano de Economía (IPE).

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Alcance de la Mape

De acuerdo con la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, en el Perú existen, al menos, 300,000 mineros ilegales, quienes terminan calzando dentro del grupo de los no formales, que sería mayor.

Bajo la perspectiva de Carlos Herrera, ex ministro de Energía y Minas, la causa de la elevada cifra de informalidad en el sector está vinculada con el salto de lo social a lo económico: “Este era un problema, básicamente, social a comienzos del siglo porque el dinero que podía extraer un pequeño minero era casi una actividad de subsistencia. Por ejemplo, a comienzos de siglo generaba S/240, pero ahora es S/2,400, lo que ya le permite un respiro holgado”, explica.

El ministro reflexiona sobre la influencia del incremento del precio de los metales: “Hace que la actividad deje de ser de subsistencia y atrae a gente que no ha estado en esto, pero que le resulta económicamente interesante”.

Presencia en la región

Con una mirada regional, el IPE detectó que el volumen exportado de oro ilegal en el Perú se multiplicó hasta siete veces en el periodo 2005-2023. En este último año alcanzó las 77 toneladas, lo que equivale a US$4,833 millones.

Determinó, además, que el oro ilegal que exportamos como país es mayor a todo el oro legal que exportan cinco países vecinos: Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Acerca de los mercados de destino, Asia y Norteamérica son los principales.

Herrera lanza una advertencia al evaluar esta cifra. “Una cantidad importante (de oro) pasa por las fronteras y se nacionaliza en otros países, entonces es exportada como si fuera de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, entre otros”, recuerda.

Un aspecto relevante en este escenario son las concesiones mineras. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) abordó el número que existe en el período 2012-2023: 18,423 en total. Sobresalieron las regiones de Puno (2,393), Áncash (2,189) y Arequipa (2,070)

Esta arista es clave porque se convierte en el principal escondite de la informalidad. “Es gente que ya está trabajando en una concesión y esta concesión resulta que finalmente la tiene otro”, argumenta Herrera. Y la situación se agrava porque una concesión puede estar registrada en hasta tres regiones a la vez.

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Impacto

En el 2023, mediante una investigación de la consultora V&C, por encargo de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), se indicó que la minería no formal (informal e ilegal) produce al año más de 2,207,000 onzas de oro, lo que representa el 39.3% de la producción total del Perú.

En términos de pérdida, esta actividad le quita al Perú más de S/22,700 millones al año (2.5% del PBI). Ante tal escenario, se alertó que la producción minera no formal ha crecido a una tasa anual de 11.7% durante los últimos 10 años.

La Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas proyectó, en el mismo año, que si se logra formalizar a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Mape) se podría generar un incremento del PBI en un 1.6%.

Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) de la Universidad del Pacífico (UP), cita esta proyección y precisa que, de cumplirse, se podría ver reflejada en un incremento en la recaudación tributaria. “Es el indicio para notar que tenemos éxito en el proceso de una economía formalizada, registrada”, agrega.

Asimismo, propone crear centros locales de asistencia de la Mape en sitios claves e iniciar un fondo común local a través de pagos recaudados, administrados por los gobiernos distritales.

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En la presentación de su análisis, la consultora V&C también señaló que a causa de esta actividad ilícita, entre los años 2001 al 2020, se depredaron, aproximadamente, 2,636,585 hectáreas de bosque; es decir, una tasa de 8% anual de deforestación.

Ineficacia del Reinfo

El Minem localizó que 87,111 mineros se encuentran inscritos en el Reinfo. “Pero han obtenido el Reinfo solo 2,000″, enfatiza Herrera. Y, en efecto, desde su vigencia en el 2017, del total de mineros inscritos, solo 2,032 han logrado formalizarse, es decir, el 2.4%, según recoge ComexPerú. En cambio, 69,107 han sido suspendidos en el proceso por incumplir los requisitos (79%).

Hace falta, de acuerdo con Delgado, promover los espacios de incentivos, pues el actual escenario sería solo de castigo, sin dar un “aliciente”. Con esto concuerda el extitular de la cartera: “El Reinfo es una expresión de que el Estado no tiene la capacidad de luchar contra la informalidad”, finiquita.

SOBRE EL AUTOR

Camila Vera Criollo

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.