El pasado 23 de abril, el Congreso de la República aprobó una ley que tenía como objetivo que las tanto las empresas privadas como los gobiernos regionales y municipios de todo el país puedan adquirir vacunas contra el covid-19 y aplicarla, sea a sus trabajadores en el caso de los privados o de la población a su cargo en las entidades públicas.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo se manifestó en contra la iniciativa legislativa y observó la autógrafa enviada por el Parlamento.
En el documento firmado por el presidente de la República, Francisco Sagasti, se señala que la ley es innecesaria, porque ya existe un marco legal que permite al sector privado importar y adquirir vacunas contra el covid-19, así como normativa por la que el Ministerio de Salud (Minsa), puede delegar o encargar su compra a otras entidades públicas.
Sobrerregulación
En el caso de la adquisición de vacunas por parte del sector privado, el Ejecutivo sostiene que la iniciativa del Parlamento es “contraproducente” porque genera soberregulación y una barrera para la empresa privada que pretenda adquirir las vacunas.
Se explica que la norma observada establece que el sector privado requiera una doble autorización para la importación o adquisición de vacunas, una previa otorgada por la Digemid y una posterior por parte del Minsa.
“Más que beneficiar al sector privado, estaría creando una barrera para la adquisición de vacunas”, precisa.
Afecta plan de vacunación
Otro de los puntos observados por el Gobierno es que la norma aprobada es que contraviene las competencias del Poder Ejecutivo de planear las políticas de salud y de vacunación, esto porque se permite a las empresas vacunar a sus trabajadores y que los gobiernos regionales y locales lo hagan en sus jurisdicciones.
Así se estaría contraviniendo el plan de vacunación que establece prioridades en los grupos a ser vacunados, que tiene en cuenta la edad, comorbilidades y alta vulneración, así como un modelo territorial, tomando en cuenta provincias y distritos con mayor riesgo frente a la pandemia y mayor densidad poblacional.
Sin presupuesto
Una de las observaciones del Poder Ejecutivo a la iniciativa del Parlamento es que el presupuesto público no contempla que los gobiernos regionales y municipales puedan adquirir vacunas este año y en los siguientes, ni para implementar medidas de seguridad que garanticen su transporte.
El Gobierno cuestiona que la autógrafa no cuente con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de recursos que puedan ser destinado para la compra de las vacunas, sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Se precisa que la norma vulnera el artículo 79 de la Constitución que precisa que el Congreso no tiene iniciativa de gasto.
Impuestos
La autógrafa señala que la adquisición o importación de vacunas es deducible del Impuesto ala Renta mientras dure la emergencia sanitaria. Sin embargo, el Ejecutivo señala que esta norma se publica este año, entraría en vigencia en el ejercicio tributarios del 2022 y el impuesto sería pagado recién el 2023, es decir cuando, posiblemente, esté superada la emergencia sanitaria.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/7FTAHTAE3RATDJZPLP35CDCFBM.jpg)
