Se proyecta hacer realidad el mega penal de Ica y se concretarán otras infraestructuras mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, señaló titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto del Congreso en Tarapoto.
En sesión descentralizada de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, que tuvo lugar en la ciudad de Tarapoto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció hoy que el presupuesto asignado a su sector para el año 2024 tendrá como prioridad el destrabe y la ejecución de importantes proyectos como el mega penal de Ica.
“Hemos recuperado el proyecto del mega penal de Ica que ha estado paralizado 5 años. Estamos gestionando convenios de administración de recursos con la UNOPS y, en lo que corresponde a nuestra ejecución, aseguramos que vamos a cumplir”, manifestó el titular del MINJUSDH.
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Indicó que también se ha coordinado con ProInversión para que mediante el mecanismo de Obras por Impuesto se haga un trabajo sostenido para el inicio y culminación de otros proyectos de inversión en los penales, los distintos campos de intervención del MINJUSDH como los centros juveniles, las sedes de Defensa Pública y el fortalecimiento de los Registros Públicos para brindar un mejor servicio a la población.
En ese marco, el ministro Arana detalló que el presupuesto del sector Justicia para el año 2024 asciende a S/ 2,184 millones, que se incrementa en 10% respecto a este año, distribuido en los pliegos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y Procuraduría General del Estado.
Asimismo, puntualizó que el proyecto de presupuesto comprende cinco objetivos estratégicos: promover el acceso a la justicia de la población en general, principalmente en situación de pobreza y/o vulnerabilidad; fomentar el respeto de los derechos humanos en la ciudadanía; contribuir con la reducción de los delitos e infracciones a la ley penal; fortalecer el ordenamiento jurídico y cautelar los intereses del Estado; y fomentar el respeto de la legalidad en la sociedad.
Entre las metas programadas para el próximo año se espera brindar 770 mil asistencias técnico legales en materia penal y defensa de víctimas, 36 mil patrocinios a mujeres y niñas víctimas de violencia, 380 mil asistencias legales gratuitas a personas de escasos recursos, todo esto a través de la Defensa Pública, así como 540 búsquedas de personas desaparecidas.
De igual modo, a través del Pronacej, se espera atender a 6,475 adolescentes en los centros juveniles, la participación de 2,722 adolescentes en conflicto con la ley penal en talleres productivos, la participación de 4,787 jóvenes en actividades educativas, y lograr la inserción en el mercado laboral de 402 adolescentes.
Asimismo, se estima lograr la participación de 1,700 internos de los penales en tratamientos intramuros, de 13,700 internos en talleres productivos, y de 15,600 reclusos en actividades de educación básica alternativa, técnica productiva y superior, además de la realización de 4,900 requisas en los establecimientos penitenciarios. Estas medidas se implementarán a través del Inpe.
También se espera atender 4.8 millones de títulos calificados de inscripción registral, 22.4 millones de solicitudes de publicidad registral, la instalación de cuatro nuevas oficinas receptoras de la Sunarp, y la subasta de 61 bienes incautados, a través del Pronabi.
En la sesión de la comisión, que estuvo presidida por el congresista José Jerí, participaron, de manera presencial y virtual, 22 parlamentarios titulares de la comisión, y dos accesitarios.
