Moody’s: “No tenemos ningún apuro en cambiar nuestra calificación”

Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, comentó a Gestión que la intención de la calificadora de riesgo es esperar unos meses para reevaluar la perspectiva del Perú.

“No tenemos ningún apuro en cambiar la calificación, queremos estudiar bien la situación y de ahí tomar una decisión en la segunda mitad del año. No hay ninguna urgencia para resolver esa perspectiva negativa en el corto plazo”, dijo.

Como se recuerda, con Moody’s el Perú mantiene la calificación en Baa1 con perspectiva negativa, la cual se mantiene desde fines de enero del 2023. Esta perspectiva, indica Reusche, tiene una vida útil de 12 a 18 meses, por lo que aún está vigente.

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¿Es más probable que empeore o mejore la calificación? Para Reusche, ambos escenarios tienen las mismas posibilidades. Aunque este año no se tienen los mismos impactos que se enfrentaron en el 2023 -con una contracción económica y la conflictividad social-, señala que la incertidumbre política sigue latente.

Por ello, Reusche indica que para determinar una mejor o rebaja en la calificación del Perú se tendrá en cuenta, por un lado, la recuperación económica y la reducción del déficit fiscal, y por otro, la persistente volatilidad política.

“Persiste algo de ruido político que nos genera preocupación. Por eso que sigue la perspectiva negativa, sobre todo en cómo afecta esto a la fortaleza institucional del país. Es un análisis cualitativo que no es fácil de medir y que tenemos que seguir estudiando, pero que queremos seguir evaluando en un contexto en el que la economía ya se va a estar recuperando y donde seguro vamos a ver una senda de consolidación fiscal”, sostuvo.

Reusche resalta que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el entorno político no ha ayudado y ha contaminado las expectativas económicas, sobre todo ha pesado sobre la confianza empresarial.

Agrega que, la duda que queda para los especialistas es sobre si esta volatilidad política pueda llevar a un daño estructural de las instituciones públicas, que se han venido deteriorando en los últimos años.

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