Uber logra dar estatus de contratista a conductores, ¿ahora qué?

Por diseño, muy poco cambiará bajo la medida aprobada por los votantes de California, que fue suscrita por las compañías de transporte, junto con Instacart Inc., DoorDash Inc. y Postmates Inc.

Si bien la Propuesta 22 requiere que estos servicios de transporte basados en aplicaciones ofrezcan algunos beneficios nuevos y modestos a los conductores, los protege de tener que proporcionar los beneficios mucho más costosos que reciben los empleados a tiempo completo.

Para las empresas, eso hace que los más de US$ 200 millones que ellas y sus partidarios gastaron en la campaña de votación, un récord para el estado más poblado, valga cada centavo, según William Gould, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford.

“Doscientos millones o más es mucho más barato desde su perspectiva que pagarles a los empleados estos beneficios que la legislatura ha establecido para ellos”, dijo Gould, expresidente de la Junta Nacional de Relaciones Laborales bajo la presidencia de Bill Clinton.

De ninguna manera la votación del martes es una panacea global para la industria de los viajes compartidos, que ha sido devastada por la pandemia de coronavirus. Uber y Lyft continuarán enfrentando desafíos judiciales a su modelo laboral en otras partes de Estados Unidos y en el extranjero. Se espera que el tribunal más alto del Reino Unido emita una decisión final antes de fin de año en la lucha de cinco años de Uber para evitar que sus conductores sean reclasificados como empleados.

Pero en su estado de origen, las empresas de servicios de transporte y entrega ya no tienen que preocuparse de las exigencias del fiscal general del estado para que cumplan con la reforma de la legislación laboral del año pasado, el Proyecto de Ley 5 de la Asamblea, que aumentó los beneficios para los trabajadores en una variedad de industrias.

Para Uber y Lyft, la Propuesta 22 también equivale a un pase ante las decisiones históricas de la Corte Suprema de California que se remontan a 1989 y que definen a quién se le otorga la condición de empleado en un estado que se considera amigable para los empleados.

“Es impactante, es tan extraño, que este derecho básico pueda ser presentado a los votantes en una elección en la que las empresas adineradas puedan influir en algo tan importante para la gente”, dijo la abogada Shannon Liss-Riordan.

La abogada con sede en Boston ha sido la adversaria más tenaz de las empresas de transporte en docenas de demandas en California que ha presentado en nombre de conductores durante siete años en busca de beneficios que incluyen salario mínimo, pago por enfermedad y compensación laboral.

Uber y Lyft todavía se enfrentan a una exposición sustancial por el trato que daban a sus conductores antes de la Propuesta 22, a pesar de llegar a acuerdos para resolver demandas anteriores, dijo Liss-Riordan. La mayoría de los conductores de California no participaron en esos acuerdos y aún pueden demandar, dijo.

En lugar de los beneficios completos para los empleados, la Propuesta 22 requiere que las empresas ofrezcan un paquete con menos beneficios que incluya una tarifa de pago garantizada para cuando los conductores tengan un pasajero asignado y algunas garantías alternativas de salud, discapacidad y no discriminación. Un analista de Morgan Stanley estimó que esto aumentará los costos laborales de Uber en aproximadamente 5%.

Sin embargo, la iniciativa no incluye un mecanismo de cumplimiento para que los reguladores o los conductores individuales persigan a las empresas que eluden sus obligaciones, dijeron expertos legales.

“La Propuesta 22 crea estos derechos, pero por más escasos y extremadamente insuficientes que sean, existen dudas reales sobre si los trabajadores pueden acceder a ellos”, dijo Terri Gerstein, directora del Proyecto de Cumplimiento Estatal y Local del Programa Laboral y Vida Laboral de la Universidad de Harvard.

La medida refleja el argumento que Uber y Lyft han presentado en los tribunales durante años: las leyes laborales de California están desactualizadas y no se aplican a las plataformas digitales que conectan a conductores y pasajeros. En una inversión de roles, la Propuesta 22 exige que los funcionarios estatales defiendan la medida frente a cualquier recurso legal. Si no lo hacen, el estado debe pagar a abogados independientes para que lo hagan.

A algunos expertos legales les preocupa que la iniciativa pueda servir como modelo para otras empresas que buscan una forma de evitar el pago de los beneficios de los empleados, lo que, a su vez, amenaza con privar al tesoro público de ingresos por concepto de impuestos sobre la renta y la nómina. El Instituto de Política Fiscal estima que la clasificación errónea de los trabajadores le cuesta a California US$ 7,000 millones en ingresos anuales.

Gould describió la votación del martes como una paradoja para el sistema de propuestas de California, un ejercicio de democracia directa ideado hace más de un siglo en un momento en que la legislatura estatal no se preocupaba por la difícil situación de los más desprotegidos.

“Esto ha cambiado el sistema de propuestas”, dijo Gould. “Estas empresas son los nuevos magnates ladrones y están utilizando el sistema para establecer un estado de privilegio para sí mismos”.