:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/OKSD6PEESNBLJO6BYCLLP27FBI.jpg)
El dictamen aprobado ayer por la Comisión de Economía del Congreso reduce el impacto del dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor, pero mantiene riesgos para el sistema bancario, advirtieron analistas consultados por Gestión.pe.
Un primer cambio es que el ámbito de aplicación se reduce solo a los bancos, dejándose de lado a las financieras.
La nueva norma implicaría que se puedan reprogramar las deudas caídas en impagos durante el periodo de Estado de Emergencia y se darían hasta tres meses de ‘gracia parcial’, donde solo se pagarían intereses y no el capital de la deuda.
Además se establece que la sumatoria de lo que se pague con el nuevo cronograma no supere a lo que se iba a pagar con el cronograma inicial.
“Con ello indirectamente estás controlando las tasas de interés que se tendrán que cobrar (tendrían que bajar), pues la norma ya no deja al banco que evalúe la tasa según cada deudor, sino que tendría que cumplir la nueva regla fijada”, indica Ljubica Vodanovic, Líder de Regulación Financiera y FinTech de EY Law.
Otra diferencia con el dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor es que en aquella propuesta los intereses de los tres meses de gracia se condonaban, es decir, ya no se pagaban, refiere Jorge Carrillo, profesor de Pacífico Business School.
El nuevo dictamen aprobado también establece que si los intereses mensuales a pagar en el periodo de ‘gracia parcial’ superan el 50% de la cuota, los bancos cobrarán como máximo el 50% de la cuota.
Y esta es una de las confusiones que trae la propuesta, refiere Vodanovic, pues indica que no se precisa qué sucederá con el monto dejado de pagar.
Para Carrillo el monto faltante ya no se pagaría, representando una pérdida para el banco. “Esto impactaría más en los créditos hipotecarios, donde los intereses superan al 50% de la cuota en los primeros años de pago”, agregó.
La norma beneficiaría a las personas naturales con ingresos de hasta 2.5 UIT (S/ 10,750) y a las personas jurídicas cuya facturación mensual bruta no exceda el monto equivalente a 30 UIT (S/ 129,000).
“El proyecto tiene un impacto más acotado que los anteriores, el problema es que no tiene una evaluación técnica por lo que algunos artículos son confusos. Es menos grave que el anterior, pero igual hay riesgos”, refiere Vodanovic
En ello coincide Carrillo. “El proyecto es menos malo que lo visto en la Comisión de Defensa del Consumidor”, apuntó.
Acciones por evaluar
La Asociación de Bancos (Asbanc) emitió anoche un comunicado para mostrarse en contra del nuevo dictamen aprobado en el Congreso.
Advierte que interviene en las condiciones, cargos e intereses de las reprogramaciones de créditos en el sistema financiero. Además, discrimina a los clientes de diferentes tipos de entidades financieras, de forma arbitraria e inequitativa.
Asimismo, refiere que las disposiciones de este dictamen vulneran varios principios consagrados en la Constitución, como la libertad de contratación entre privados, la no discriminación y los fueros de entidades constitucionalmente autónomas.
Al respecto, Vodanovic refirió que el sector bancario no solo evalúa demandas de inconstitucionalidad en caso el Congreso llegue a aprobar algún proyecto de ley de este tipo, sino medidas más inmediatas para evitar su aplicación, como una acción de amparo ante el Poder Judicial.
“Se está vulnerando el derecho a la libertad de empresa y de los términos de los contratos entre privados. Es inconstitucional”, anotó.
