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La Comisión de Descentralización del Congreso viene debatiendo el proyecto de ley que busca permitir a los gobiernos locales y regionales firmar contratos Gobierno a Gobierno (G2G) para la realización de obras públicas cuyo valor sobrepase las 16,591 UIT (S/ 76′318,600).
El proyecto busca solucionar la paralización de obras públicas alrededor del país, las cuales, aducen, se deben a contratos mal formulados con empresas locales.
Sin embargo, la contraloría opinó que no debería permitírsele a los gobiernos locales firmar este tipo de contratos sin la intervención del gobierno central.
“Quien maneja las relaciones internacionales del Perú es el Ejecutivo”, indicó el vicecontralor de Control Sectorial y Territorial, Luis Alonso Robas Sánchez, quien añadió que firmar un contrato G2G compromete la posición del país, por lo que su uso debe ser previamente autorizado por el Gobierno central.
Riesgos
El vicecontralor además señaló que permitir a los gobiernos locales y regionales firmar contratos G2G los exponía a un número de problemas que podían terminar perjudicando al Perú.
Al respecto, señaló que la información necesaria para que la Contraloría pueda hacer el control correspondiente del desarrollo de la obra podría estar en manos de agentes internacionales, quienes podrían negarse a entregar lo requerido bajo el precepto de privilegios diplomáticos.
“Además, si un gobierno local no se encuentra debidamente preparado para negociar este tipo de contratos, los actores internacionales con mayor expertise podrían ‘almorzarnos’”, explicó Robas.
Indicó que incumplimientos podrían llevar a demandas de arbitraje altamente costosas para el Estado.
Sugerencias
La Contraloría indicó, entonces, que el proyecto, de aprobarse, debía someter cualquier contrato G2G al Gobierno central y además a informes técnicos económicos que comparen sus ventajas con relación a los contratos que se podrían celebrar en el marco legal nacional
Además, indicó que debía garantizarse que toda la información que puedan tener las empresas que realicen la obra sea entregada a la Contraloría mediante sanciones incluidas en el contrato.
“Los contratos Gobierno a Gobierno no son la panacea y no van a solucionar los problemas de fondo”, indicó Robas.
EN CORTO
Antecedente. La Contraloría explicó que hoy en día los gobiernos locales y regionales ya pueden firmar contratos Gobierno a Gobierno, pero siempre que cuenten con autorización previa mediante decreto supremo emitido por el Ejecutivo, por lo que no sería necesario introducir nuevas normas salvo que se busque eliminar este requisito.