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Siete de los 25 congresistas miembros del Grupo Parlamentario Acción Popular (AP) presentaron un proyecto de ley que declara de interés nacional la convocatoria a un referéndum para “la reforma total que sería la elaboración de una nueva constitución y/o efectuar una reforma parcial”.
En el artículo 1 del proyecto plantea preguntar “Si aprueba o no la realización de una reforma total (nueva constitución), y “Si aprueba o no la realización de una reforma constitucional parcial respecto al régimen económico, ambiente, recursos naturales y otros capítulos”.
Los congresistas proponen, en su proyecto, que el referéndum se realice conjuntamente con las elecciones generales para elegir a presidente de la República y Congreso en el 2021.
El proyecto fue presentado por los congresistas Kenyon Durand Bustamante, Jesús Arapa Roque, Luis Simeón Hurtado, Manuel Aguilar Zamora, Freddy Llaulli Romero, Yessy Fabián Díaz y Hans Troyes Delgado.
Exposición de motivos
En la exposición de motivos de su propuesta, estos siete congresistas señalan que la crisis generada por la pandemia del COVID-19 “ha demostrado con claridad las enormes debilidades que presenta el Estado peruano, pero además la limitación existente respecto de su intervención y rol en aspectos vinculados a la salud, educación, pensiones educativas, servicios básicos de luz, agua, telefonía, entre otros, que están en manos del sector privado, quienes lo controlan y administran”.
Este hecho, afirman estos siete congresistas, “debe hacernos reflexionar si es acertado o desacertado que el Estado peruano no tenga control ni administre sus recursos naturales, fuentes energéticas, hidrocarburos, y su infraestructura, todo lo cual ha cedido a los particulares como resultado del proceso de privatización y/o concesión impulsado por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori”.
Afirman que “considerando el actuar del Estado en el marco constitucional actual, nos obliga a repensar sobre el verdadero rol que este debe tener sobre el manejo de todo aquello que se ha privatizado y/o concesionado, si consideramos los enormes beneficios obtenidos por parte de los particulares que la explotan y administran.
Agregan que considerando que las empresas de servicios públicos han seguido cobrando por los servicios públicos que brindan durante la emergencia nacional por el COVID-19, “resulta sustancial que el pueblo peruano sea consultado sobre si el Estado debe mantener el modelo económico de libre mercado, de estabilidad jurídica, de contratos ley, o que los recursos naturales sigan siendo concesionados o administrados por los privados”.
Finalmente, plantean realizar una reforma política, de salud, seguridad social, trabajo, entre otros.
