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En enero del 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) recibió la tarea de emitir informes técnicos, a requerimiento de la Fiscalía de la Nación, para verificar si empresas investigadas tenían un modelo de prevención de delitos implementado y en funcionamiento.
Desde esa fecha, si bien la SMV ha recibido menos de 10 solicitudes fiscales no ha tenido la oportunidad de elaborar ningún informe, reveló a Gestión el superintendente adjunto de riesgo de la SMV, Alejandro Rabanal.
Adoptar un modelo de prevención de delitos es una decisión voluntaria para todo tipo de empresas. Pero si en algún momento algún colaborador de la empresa comete un delito de corrupción, lavado de activos o tráfico de influencias contar con un plan de prevención podría evitar que se impute responsabilidad a la compañía y ser comprendida en un proceso penal.
Eximidas
En tal escenario, si la empresa contara con un modelo de prevención validado por la SMV, podría ver reducida su sanción o incluso ser eximida del delito que se investiga, según la ley Nº 30424, refirió Rabanal.
Pese a tener varios años de vigencia y a que la SMV ya cuenta con un equipo de trabajo, este esquema no está funcionado, pues a la fecha no se ha emitido informe técnico alguno.
Rabanal explicó que ninguno de los pedidos de la fiscalía ha cumplido los requisitos de admisibilidad detallados en el reglamento de la mencionada ley. Por ejemplo, no se cumplió con identificar al fiscal que solicita el informe, no se precisó si la empresa está siendo investigada, tampoco se especificó el presunto delito ni se adjuntó la documentación de la compañía que sustente el funcionamiento de su modelo de prevención.
Nada que evaluar
“Ha habido casos en los que el fiscal nos pedía investigar a una persona natural, pero no había ninguna persona jurídica (empresas) involucrada o señalaban un delito que no estaba en la lista indicada en la ley (Nº 30424)”, explicó Rabanal.
Además, hubo casos en los que se pedía informes de empresas que no tenían modelo de prevención, con lo que no había nada que evaluar, refirió.
La SMV está coordinando con el Ministerio Público un protocolo institucional para que los pedidos fiscales que reciba incluyan solo a empresas que tienen sistemas de prevención.
Ajustes
En este contexto, el Ejecutivo está buscando hacer algunos cambios en la norma, que incluyen recomendaciones de la OCDE. Al respecto, el Gobierno remitió al Congreso a fin del 2021 un proyecto de ley que ya ha sido aprobado por la Comisión de Justicia.
El dictamen aprobado propone incorporar nuevos delitos que podrían generar una investigación penal de la fiscalía, como contabilidad paralela, omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas, retardo y falseo en el suministro de información, delitos aduaneros, delitos tributarios y de terrorismo.
Asimismo, considera que se podrá solicitar a la SMV el respectivo informe técnico siempre y cuando la empresa investigada alegue como medio de defensa, o refiera a la fiscal que tiene un sistema de prevención en funcionamiento para esos delitos.
Plazo
La información y documentación que proporcionen las empresas tienen carácter confidencial.
El dictamen también amplía el plazo que tiene la SMV para presentar su informe técnico, de 30 a 90 días. Tal informe deberá ser valorado por el fiscal y el juez, conjuntamente con los demás elementos probatorios incorporados a la investigación.
Empresas más grandes adoptan sistema
Teniendo en cuenta la coyuntura y las encuestas, que muestran un aumento de la corrupción en el país, es importante que las empresas, principalmente las que venden al Estado, no solo tengan un comportamiento socialmente responsable, sino un compromiso explícito contra la corrupción, sostuvo Alejandro Rabanal, superintendente adjunto de riesgo de la SMV.
Las empresas corporativas y grandes, supervisadas por la SMV (más de 200), están siendo más activas en implementar modelos de prevención del delito, mientras que las firmas más pequeñas todavía tienen dificultades para hacerlo, comentó.
Es en estas últimas, en las que la SMV está haciendo una mayor labor de difusión del sistema, resaltó Rabanal.
En la verificación de los modelos de prevención en las medianas, pequeñas y microempresas se considera solo uno de los cinco lineamientos establecidos por la superintendencia, refirió.
Las compañías grandes sí deben cumplir con los cinco elementos, añadió el funcionario.
En la evaluación que se haga de los sistemas de prevención, para la SMV tendrá más peso el funcionamiento de los mismos y se buscará que existan ejemplos concretos que así lo demuestren, manifestó.