El Congreso de la República promulgó una ley que busca facilitar el ingreso de remesas enviadas por peruanos residentes en el extranjero. Esta disposición busca también la inclusión financiera de dicho segmento.
Así, el parlamento otorgó al Banco de la Nación (BN) la facultad de ofrecer servicios financieros a los peruanos residentes en el extranjero. Esto incluye la posibilidad de abrir cuentas bancarias y otorgar créditos personales, hipotecarios y vehiculares, entre otros productos.
Las remesas representan un flujo continuo de dinero que ingresa al país cada mes, fondos que pueden servir para analizar a un potencial cliente del banco, dijo Arturo García, docente de ESAN.
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Actualmente, el BN solo atiende con financiamiento a entidades públicas y trabajadores de este sector; por lo que el segmento de peruanos residentes en el exterior significa un nicho atractivo, más aún si la banca privada todavía no lo atiende, comentó.
Incluso en los créditos vehiculares e hipotecarios se tiene una garantía en caso no cumplan con la obligación, acotó.
Sin embargo, la ley -promulgada por insistencia- no iría en línea con el principio de subsidiariedad que enmarca al BN, el cual establece que el Estado no debe intervenir cuando la iniciativa privada puede actuar de manera más eficiente.
“La SBS y el MEF se pronunciaron frente a este proyecto y emitieron una opinión desfavorable, argumentando que se afectaría el rol subsidiario, no se acredita la necesidad de ingresar a ese mercado”, indicó Álvaro Castro, socio de Damma Asesores Jurídicos.
Además, no se ha establecido que el BN tenga capacidades técnicas para otorgar créditos al público en general, esta actividad implica una evaluación especial, indicó. “Con los funcionarios públicos es más sencillo, porque se les puede retener del salario, pero a un tercero no”, manifestó.
Sostuvo que entre los argumentos positivos para esta norma se señala que solicitan garantías a los peruanos que viven fuera de Perú. Empero, el modelo tradicional de evaluación no se realiza en función de un colateral sino del flujo de ingresos del cliente, salario, dividendos, ventas, precisó el abogado.
“Es preocupante la costumbre que tiene el Congreso de aprobar leyes técnicas en contra de la opinión de organismos especializados, pide que se pronuncien la SBS o BCRP y terminan aprobando sus proyectos como si fuesen más expertos en el tema. Antes había más respeto al análisis de especialistas, ahora priman cuestiones políticas”, expresó.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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