Rutas de Lima: Declaraciones del alcalde de Lima sobre anular contrato reflejan desconocimiento

Rafael López Aliaga aseguró que este 29 de julio culminaría el Contrato de Concesión que la Municipalidad de Lima mantiene con Rutas de Lima, puesto que “encontró la fórmula de caducidad”. Sin embargo, esto fue desmentido por la concesionaria y respondieron que el alcalde “refleja un claro desconocimiento del contrato de concesión, de las normas aplicables, del arbitraje en curso y de los compromisos internacionales suscritos por la República del Perú”.

LEA TAMBIÉN: Defensor sobre peajes: El Estado ha dejado en la orfandad a la Municipalidad de Lima

LEA TAMBIÉN: Municipalidad aprobó terminar contrato de Rutas de Lima por ser “lesivo y vulnerar derechos”

Rutas de Lima aclara el panorama ante la intención de anular el contrato por MML

Según Rutas de Lima, la posición de anular el pacto vigente con la Municipalidad de Lima fue negada en dos oportunidades por tribunales internacionales, los cuales ”emitieron dos laudos con valor de cosa juzgada, confirmando la plena validez del contrato de concesión y desecharon los argumentos de corrupción planteados”.

Respecto a las afirmaciones de Rafael López Aliaga sobre anular de manera definitiva el Contrato de Concesión, Rutas de Lima indicó que el Tribunal Arbitral dictó una medida cautelar obligando a la Municipalidad de Lima.

“Suspender el procedimiento de caducidad del Contrato iniciado en enero de 2023, durante toda la vigencia del arbitraje, y autorizando por ende a Rutas de Lima a operar las vías concesionadas”.

En conclusión, Rutas de Lima se refirió a actitud del alcalde de Lima frente a los medios de comunicación el pasado 11 y 12 de julio.

“Las acciones referidas por el alcalde de Lima tendientes a continuar el proceso de caducidad y tomar control de la Concesión desconocerían las medidas cautelares del Tribunal Arbitral y serían, por tanto, ilegítimas. Reflejan un claro desconocimiento del Contrato de Concesión, de las normas aplicables, del arbitraje en curso y de los compromisos internacionales suscritos por la República del Perú. Tales declaraciones desinforman y confunden a la población, atentan contra la inversión privada y ponen en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho en el país, requisitos indispensables para las inversiones de gran escala y a largo plazo que Perú buscó atraer, y que Rutas de Lima y sus inversores efectivamente desarrollaron en el país”.