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La Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín realizará, el próximo 6 de octubre, la lectura de sentencia de segunda instancia contra Vladimir Cerrón.
Es por el caso Aeródromo Wanka, que involucra otras diez personas, acusados al igual que el secretario general de Perú Libre.
De acuerdo a la tesis fiscal, en junio del 2014 el entonces gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el representante legal del consorcio Gran Aeródromo Wanka, Luis García Morón, suscribieron un contrato para la construcción de dicho recinto sin considerar el pronunciamiento de la Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Antes de que se suscribiera el contrato, la DGIP del MEF señaló que el diseño final de los contratos de Asociación Público Privadas (APP) deberá contar con la opinión favorable del MEF bajo sanción de nulidad de manera previa a su suscripción. Es decir, de esto ya tenía conocimiento Vladimir Cerrón antes de la firma del contrato”, señaló el representante del Ministerio Público durante la audiencia inicial del juicio oral contra Cerrón.
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Además, la Fiscalía concluyó que el Gobierno Regional de Junín no debió haber realizado gestiones para construir dicho aeródromo en la zona ya que colisionaba con la postura del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En un informe, el MTC determinó que esta región (Junín) ya cuenta con un aeropuerto y consideró que no se debía invertir en la creación de otro.
Desde la defensa legal de Cerrón alegan que “no existe ninguna prueba o acto de concertación entre el líder de Perú Libre y el representante del consorcio”.
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A través de Twitter, Cerrón cuestionó en ese momento el fallo judicial y recalcó que presentará una apelación. “Sentenciado por tratar de construir un aeropuerto para Huancayo. Contrato APP declarado nulo, el Gobierno Regional de Junín no invirtió un solo centavo. Se postula que habríamos puesto en riesgo al Gobierno Regional, se impone reparación de 2 millones (de soles), inhabilitación laboral, electoral e impedimento de salida. Apelaré”, cuestionó.