Tras proclamación del presidente, ¿qué pasará con las denuncias de irregularidades en las elecciones?

Así lo señala el abogado penalista Luis Lamas Puccio, quien junto con su colega Mario Amoretti, ex decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial de Lima por la modificación de las cantidades de votos puestas en las actas electorales y la suplantación de firmas de los miembros de mesa, en el marco de la segunda vuelta electoral.

“El Jurado Nacional de Elecciones es autónomo para proclamar al nuevo presidente y por la vía penal no se va a anular un proceso electoral. Lo único que se busca con las denuncias en la Fiscalía sobre irregularidades en estas elecciones es hallar a los culpables y sancionarlos por participar en hechos que tienen una connotación penal para favorecer a un candidato”, dijo.

En esa línea, Lamas Puccio recalcó que la investigación de denuncias penales por posibles hechos fraudulentos en estas elecciones de uno u otro partido o cualquier ciudadano pueden durar tres años y si contamos la fase de acusación y de juicio podrá verse un veredicto final y sancionar a los responsables en cinco o seis años.

“Que el partido perdedor de la segunda vuelta haga sus denuncias por la vía penal no se descarta. Están en todo su derecho como ciudadanos”, añadió.

Puede deslegitimar y llevar a una vacancia

Por su parte, José Naupari, abogado experto en derecho electoral, aseguró que ninguna denuncia penal o resolución puede anular la proclamación presidencial del nuevo jefe de Estado que haga el JNE.

“Si el Poder Judicial determina que efectivamente hubo delito en las elecciones para favorecer al nuevo presidente podría generar algún efecto de deslegitimación de su gestión, pero eso no va a llevar a que se pueda anular la elección. No existe en la Constitución un artículo que permita ello”, afirmó.

Sin embargo, consideró que de comprobarse que el nuevo jefe de Estado tuvo una participación directa en estos hechos fraudulentos podría ser vacado de la Presidencia por incapacidad moral.

“Una cosa es que lo haya hecho gente de su partido o gente de su fórmula. Son cosas diferentes. Es un tema jurídico y político que estará en manos del nuevo Congreso, en caso ocurra. Otro escenario es que se adelanten las elecciones, una vez vacado el nuevo presidente o presidenta. El terreno congresal es un juego político”, precisó.

Naupari señaló que es complicado que los magistrados o el presidente del JNE sean acusados directamente de cometer algún delito porque trabajan como un cuerpo colegiado, casi distinto al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Crovetto, que es una autoridad unipersonal, pero que se apoya en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y las gerencias de su institución.

Caso Renovación Popular

Jorge Montoya, congresista y vocero de Renovación Popular, señaló que llegarán hasta las últimas instancias con las denuncias que presentó el líder y excandidato presidencial de su partido, Rafael López Aliaga, por posibles actos irregulares y “fraudes en mesa que impidieron su pase a la segunda vuelta”.

“Eso está en camino y vamos a continuar con nuestras denuncias después de las elecciones y no importa si demora varios años. Lo que importa es que se haga justicia”, sostuvo.

Montoya señaló que el equipo legal de Renovación Popular encontró actas fraguadas. “Hay actas con formas falsificadas y que no eran de puño del que debía ser y para eso hemos hecho los análisis grafológicos correspondientes que nos han costado mucho dinero. Como muestra hemos hecho 100 actas y todas las firmas son falsas. Es decir, adulteradas totalmente. Nos han boicoteado las elecciones”, indicó.