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La corrupción y la inestabilidad que caracterizan la política en Perú también impactan en las próximas elecciones municipales y regionales, a las que aspiran miles de candidatos, entre ellos cientos con antecedentes judiciales, una circunstancia que alimenta el desinterés y una creciente desafección ciudadana.
Los peruanos han sido convocados para elegir este 2 de octubre a gobernadores, vicegobernadores y consejeros de 25 regiones, así como a 196 alcaldes provinciales y 1,694 de distritos, con sus respectivos equipos de concejales, para el período 2023-2026.
Los analistas remarcan, sin embargo, que más allá de la crisis de representatividad que afronta el país, profundizada por el constante enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso, de mayoría opositora, estas elecciones tendrán resultados marcados por su carácter local.
“Si a nivel nacional ya tenemos un rompimiento, una debilidad de partidos políticos que no son programáticos, que no tienen compromiso, ni una ideología clara, ni cohesión, todo esto se potencia cuando hablamos a nivel de regiones”, remarcó la socióloga y analista Gelin Espinoza.
En ese sentido, aunque la corrupción, la inestabilidad y el hartazgo planean en todo momento en el país, los expertos sostienen que, más allá de algunos aspectos particulares, difícilmente los resultados de este proceso permitirán medir con precisión la temperatura política a nivel nacional.
Una crisis de largo tiempo
La crisis política que afronta Perú es un fenómeno que se originó hace varios años, aunque se ha profundizado a partir de las investigaciones abiertas contra el presidente Pedro Castillo y personajes de su entorno por presuntos casos de corrupción.
“Creo que estamos en un punto en que la antigua brecha entre sociedad y Estado, entre gobernantes y gobernados, se ha vuelto descarnada”, señaló el analista político Sandro Venturo.
El analista remarcó que esta desafección ante la política “viene de finales de los años ochenta”, cuando Alberto Fujimori (1990-2000) “evidenció el vaciamiento de la representación de los partidos políticos”.
“Desde entonces venimos dando tumbos, entre crecimiento económico y negligencia estatal, sumados a los destapes de corrupción”, acotó.
Más allá, Espinoza recordó que en los comicios del 2 de octubre se elegirá a las autoridades que “más cerca están de la población”, aunque en su país muchas veces no se entiende que “las necesidades de Lima Metropolitana son totalmente distintas a las que tienen las regiones”.
En este contexto, el tradicional discurso de “izquierda o de derecha” no es tan relevante e incluso, al momento de elegir, para los ciudadanos es más importante el nivel de eficiencia de gestión que pueda ofrecer un candidato en su comunidad, más allá de que se presenten denuncias de corrupción en su contra.
Al aparecer el tema ideológico diluido en un mar de ofertas de partidos y movimientos locales, la analista consideró difícil que este proceso permita determinar la verdadera posición ciudadana frente al Gobierno o a los partidos en el Congreso.
Tras considerar que los ciudadanos no esperan “nada de los políticos”, Venturo sostuvo que “estas elecciones, como las anteriores, y las anteriores, dan cuenta de esta desafección sin vergüenza”.
El círculo vicioso perfecto
El desinterés se evidencia en la escasa presencia que tiene el debate sobre las elecciones entre los ciudadanos, a pesar de que el proceso refleja muchos de los males que han asolado en los últimos años a la política peruana, entre ellos la corrupción.
Solo en el caso de las regionales, a las que acuden 488 postulantes, se ha determinado que hay 89 candidatos investigados por estos delitos, una cifra que llega a 1,403 con antecedentes judiciales, entre penales y civiles.
“El círculo vicioso es perfecto: la gente no espera nada de los políticos y vota (obligatoriamente) con displicencia, mientras diversas mafias, legales e ilegales, aprovechan el vacío para colarse en este escenario donde nadie espera algo bueno de la gestión pública”, sentenció Venturo.
Para Espinoza, que las autoridades estén vinculadas directa o indirectamente con actos de corrupción “genera una desazón entre la población” que, sumada al carácter local de los comicios, hace que se propague un desinterés alimentado, también, por promesas que las autoridades electas no podrán cumplir, muchas veces por estar fuera de las atribuciones de los cargos que ejercerán.
