Perú Libre, el primer partido político investigado bajo la Ley N° 30424

Tras incluirse a Perú Libre como persona jurídica en la investigación por lavado de activos que abrió el Ministerio Público para esclarecer si sus financiamientos de campaña habrían provenido de la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, la agrupación del lápiz que llevó a la presidencia a Pedro Castillo será el primer partido investigado bajo la Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (Ley N° 30424).

Para el abogado penalista Carlos Caro, esta ley permite sancionar a las personas jurídicas, en este caso sería Perú Libre, de manera autónoma sin depender de que uno de los dirigentes procesados del partido salga absuelto, a diferencia del artículo 105 del Código Penal, aplicado en los casos de Fuerza Popular y el Partido Nacionalista.

“Con el artículo 105 del Código Penal para ver una consecuencia en la persona jurídica necesariamente tiene que haber una sanción a la persona natural. Por ejemplo, en el caso Ollanta Humala-Nadine Heredia, si ellos salen absueltos, no lo puedes tocar al Partido Nacionalista. Lo mismo con Keiko Fujimori y la investigación del fiscal José Domingo Pérez por el tema de las campañas 2011 y 2016. Con la Ley N° 30424, si toda la cúpula de Perú Libre sale absuelta, el partido puede ser sancionado al seguir en un proceso autónomo”, dijo.

Caro explicó que esta la Ley N° 30424 fue ampliada en el 2019 y no es retroactiva, por lo tanto, no se puede aplicar a investigaciones de financiamientos de campaña antes de esa fecha. La normativa alcanza también a los delitos de cohecho, y financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de influencias.

El letrado recalcó que la máxima sanción contra Perú Libre, de comprobarse que utilizaron dinero de la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, será la disolución como persona jurídica y desaparecerá del escenario político y electoral.

Como se sabe, la Fiscalía incluyó el último lunes, al líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en la investigación por lavado de activos, para comprobar si la campaña presidencial del 2021 fue financiada con dinero de “Los Dinámicos del Centro”, presunta organización criminal que se abastecía de millonarias sumas de dinero con el cobro de cupos a funcionarios y el tráfico de brevetes de conducir, según la tesis fiscal.

El fiscal Richard Rojas, quien está a cargo de la investigación, incluyó también al actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela; al congresista Waldemar Cerrón; y a los principales dirigentes del partido político: Arturo Cárdenas y Eduardo Bendezú Gutarra.

Medidas cautelares

Por su parte, la abogada penalista Romy Chang señaló que la investigación a Perú Libre como persona jurídica irá a la par de los procesos que se siguen en la Fiscalía a los dirigentes de este partido.

“Los elementos que se necesitan para acreditar la responsabilidad de la persona jurídica [Perú Libre] serán los mismos para acreditar los supuestos delitos de Vladimir Cerrón y compañía.

En esa línea, Chang aseguró que lo más probable que pueda ocurrir este mes es la aplicación de medidas cautelares contra los integrantes de la cúpula de Perú Libre incluidos en la investigación como al actual premier Bellido y su fundador Vladimir Cerrón.

“Los congresistas Guido Bellido y Waldemar Cerrón pueden ser acreedores de una medida cautelar como prisión preventiva e impedimento de salida porque ya no se necesita que el Parlamento les levante la inmunidad, con las modificaciones a la normativa esta prerrogativa es solo para delitos en funciones y no para los realizados antes de asumir el cargo”, sostuvo la penalista.

Chang recalcó que si el caso “Los Dinámicos del Centro” llega a tener una sentencia condenatoria que demuestre que son una organización criminal, “todo debería fluir con mayor rapidez en la investigación por lavado de activos” contra los dirigentes de Perú Libre “porque se evidenciaría el delito previo, que es lo más difícil de esclarecer en casos de lavado de activos”.