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El Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, culminó este jueves el control de acusación por el Caso Metro de Lima, donde se acusa al exviceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo y otros exfuncionarios, por delitos contra la administración pública y lavado de activos.
Según la acusación fiscal, se le atribuye a Cuba Hidalgo haber apoyado a la empresa Odebrecht, evaluando favorablemente los requisitos presentados a través del Comité Especial, en la adjudicación de los contratos de los tramos 1 y 2, de la Línea 1 del Metro de Lima, a cambio del pago de millonarias sumas de dinero.
Estos hechos fueron expuestos por la fiscalía en las audiencias desarrolladas ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que luego de múltiples sesiones dio por concluida etapa de control de acusación para dar paso al juicio oral.
Cabe precisar que la última de las audiencias se desarrolló de manera presencial lo que fue destacado por el Ministerio Público, pues permite mejorar la actuación del sistema de justicia.
En diciembre del 2021 el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de prisión para Jorge Cuba Hidalgo, además de los exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Mariella Huerta, Edwin Luyo y Miguel Navarro.
Asimismo, el fiscal solicitó para Santiago Chau Novoa, funcionario del MTC; para Víctor Muñoz Cuba y Jessica Tejada, sobrino y pareja sentimental de Jorge Cuba, 25 años de prisión, mientras que para los servidores Jesús Munive Taquía y Magdalena Bravo Hinostroza, 6 años y 6 meses de prisión.
Para la fiscalía, Cuba y los otros implicados habrían recibido US$ 1′385.000 de Odebrecht por el tramo I de la línea 1 del Metro de Lima. Esto se suma a los US$ 6′700.000 que el exviceministro habría cobrado por el tramo II de la línea 1 de la misma obra.
Jorge Cuba se entregó a la justicia en 2017 y, junto a Edwin Luyo, fueron recluidos en los penales de Ancón I y II. Ambos exfuncionarios del segundo Gobierno aprista fueron liberados en 2019 por una orden judicial, debido al exceso de carcelería.