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La Defensoría del Pueblo exhortó a los miembros del Congreso de la República a reconsiderar su decisión de modificar su reglamento para no estar obligados a presentar la declaración jurada de intereses, medida que está incluida en el Decreto de Urgencia N° 020-2019 publicado en diciembre del año pasado.
"Tras la reciente modificación del Reglamento del Congreso de la República para ser eximidos de presentar la declaración jurada de intereses bajo los alcances del Decreto de Urgencia N° 020-2019, la Defensoría del Pueblo exhorta al Congreso a reevaluar dicha decisión, por tratarse de una medida que se aparta de los estándares internacionales recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los objetivos de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, se lee en el pronunciamiento.
El último jueves, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la modificación de su reglamento respecto a la obligatoriedad en la presentación de la declaración jurada de intereses.
De este modo, será la Mesa Directiva del Parlamento y los representantes de los grupos parlamentarios los que determinen la relación de funcionarios del servicio parlamentario y de la organización que deberán formular su declaración jurada de intereses.
Al respecto, la Defensoría explicó que la presentación de este documento permite prevenir casos de conflicto de interés debido a que incluye información de los familiares cercanos de los altos funcionarios.
“La Declaración Jurada de Intereses es una herramienta de transparencia, cuya finalidad es identificar y prevenir posibles escenarios de conflicto de intereses o incompatibilidades al momento de la toma de decisiones de los funcionarios y servidores públicos”, agrega el comunicado.
Además, el documento indica que el Congreso aprobó esta modificatoria en su reglamento “sin reparar que existe un marco legal general, como es el dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 020-2019 que responde al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo específico 1.5. consiste en instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la Administración pública”.
Cabe indicar que de los 130 legisladores del actual Congreso de la República, solo nueve cumplieron con presentar su declaración jurada de intereses en cumplimiento del Decreto de Urgencia N°020-2019.