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La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó el informe de calificación que dispone el inicio de la investigación en contra de los parlamentarios de Acción Popular, Hilda Portero y José Arriola, por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.
Con 7 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones, el grupo de trabajo dio luz verde al informe recaído en el Expediente N° 128-2022-2023/CEP-CR en contra de Portero López.
Mientras que con 10 votos a favor, y 2 abstenciones, se aprobó el informe que recae en el Expediente Nº 127-2022-2023/CEP-CR seguido contra el legislador Arriola Tueros. En ese sentido, ambos serán investigados en esta comisión.
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Denuncias
En el caso de Arriola, un reportaje de Cuarto Poder reveló que en el allanamiento a la vivienda y oficina del legislador, realizada a fines de marzo, se encontró una declaración jurada de donación voluntaria, firmada por Carlos Valenzuela Abanto, quien es trabajador técnico en el despacho del acciopopulista.
Dicha declaración señalaba que “sin ningún tipo de coerción” entregaba “un aporte económico solidario” por el monto de S/1,323 para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de personas vulnerables de sectores de pobreza y extrema pobreza.
Arriola explicó para el dominical que no ha recortado el sueldo de sus trabajadores, sino que estos apoyan al despacho comprando abarrotes y productos que son donados en zonas humildes, especialmente en el distrito de Ate, donde el parlamentario ha vivido y en cuya municipalidad también ha trabajado.
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Sobre Portero, el mismo programa informó que la congresista donó unas sillas de ruedas que habrían sido compradas por trabajadores de su despacho. Al ser consultada de cómo hizo posible la donación, indicó que con sus propios recursos. Según dijo, en total adquirió cerca de 50 a 60 sillas.
Sin embargo, una de las extrabajadoras de Portero contradijo la versión de la acciopopulista. “Como te repito, yo ya no trabajo con la señora. En su momento sí, nos pidieron un apoyo y bueno”, sostuvo.
También desmintió las afirmaciones de la legisladora, quien había indicado que sus extrabajadoras compraron de manera voluntaria las sillas y que ella en ningún momento les pidió que lo hagan.
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