Betssy Chávez pide al JNJ que destituya a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. (Foto: Andina)
Betssy Chávez pide al JNJ que destituya a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. (Foto: Andina)

La ministra de Cultura, Betssy Chávez, en su condición de congresista (Perú Democrático), presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) una acusación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por la denuncia constitucional que interpuso contra el presidente Pedro Castillo.

A través de un oficio dirigido a José Ávila Herrera, presidente del JNJ, Chávez solicita que se destituya a Benavides Vargas de su cargo por una presunta infracción grave. En ese sentido, propuso que la fiscal sea apartada del puesto como medida provisional hasta que termine el proceso del caso.

En sus argumentos, la ministra alega que la titular del Ministerio Público, al presentar la denuncia contra el mandatario, realizó un planteamiento fiscal que contraviene lo estipulado en la Constitución Política del Perú.

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La señora Patricia Benavides Vargas, estaría cometiendo falta grave ya que esta dolosa contravención de la Constitución y una resolución jurisdiccional importa una interferencia indebida en el ejercicio de las funciones de otro órgano del Estado, que está tipificada como una falta grave en el inciso 6 del artículo 47° de la Ley de la Carrera Fiscal”, se lee en el documento.

En ese sentido, Betssy Chávez señaló que la denuncia por presunta organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión no encajaría en los delitos contemplados en el artículo 117 de la Carta Magna, donde se proscribe que el jefe de Estado solo puede ser acusado por cuatro supuestos.

Seguidamente, aseveró que la actuación de la fiscal de la Nación “evidencia una clara intención política”, donde se estaría desconociendo el el Código de Ética del Ministerio Público.

Solicito se actúe de forma objetiva y con la atención preponderante que amerita una falta como la expresada, que como se podrá ver en los propios medios de comunicación, no es una situación aislada y que lamentablemente no se restringe a una situación de infracción con efectos puramente procesales (para las partes), sino sociales y al máximo nivel”, indicó la integrante del gabinete.

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