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Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) expresaron su preocupación ante una resolución del Gobierno peruano que autoriza por un plazo de 30 días la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para asegurar el control de la seguridad en Lima y Callao.
“Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de derechos humanos exigen asegurar que el uso de las FFAA, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”, sostuvo AI en Twitter.
En el mismo sentido se expresó el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien vituperó que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”.
“Me preocupa la resolución suprema 191 del presidente Pedro Castillo sobre el despliegue de militares para combatir la delincuencia en ciertas zonas del país”, completó en sus redes sociales el abogado chileno y defensor de derechos humanos.
Contra la delincuencia organizada
Mediante esta norma, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, el Gobierno autorizó a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo al cuerpo policial para “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno” ante el incremento de la delincuencia organizada en Lima y el vecino puerto del Callao.
En el documento, firmado por Castillo y los ministros de Defensa y del Interior, se sostiene que organizaciones delictivas involucradas en el tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, robos y hurtos ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y han sobrepasado la capacidad operativa de la Policía.
El texto aclaró que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, y que el control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional.
Agrega que la actuación de los militares está dirigida a contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz, a la tranquilidad, al adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y resguardar puntos críticos vitales.
Reacciones políticas
A las críticas de organizaciones internacionales como AI y HRW se sumaron otras provenientes de algunos sectores de la oposición política peruana.
Entre otros, se manifestó el almirante en retiro y actual congresista Jorge Montoya, del partido ultraderechista Renovación Popular, quien consideró que la norma tiene un “enfoque equivocado” y que “las Fuerzas Armadas no están para cuidar el orden interno, salvo que haya situaciones que desborden a la capacidad logística de la policía”.
En este sentido, en declaraciones a la emisora RPP, Montoya aseveró que el cuerpo policial “tiene la cantidad de gente suficiente como para poder cubrir el área”.
Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, comentó que hay que estar “vigilantes y cautelosos” del cumplimiento de esta medida, aunque recordó el “trabajo fundamental y esencial” que realizaron los militares durante la cuarentena decretada en el 2020 para frenar el avance del COVID-19.