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La mina Poderosa se mantiene como el blanco de ataques de las organizaciones criminales creadas por la minería ilegal.
De acuerdo con la empresa, criminales derribaron dos torres de alta tensión que alimenta de energía a dos bocaminas de Poderosa en el distrito y provincia de Pataz, La Libertad.
El atentado se llevo a cabo el jueves 4 de abril, a las 23:15 horas, con el objetivo de interrumpir el fluido eléctrico. “Inmediatamente después de esta acción, grupos armados incursionaron en ambas galerías”.
El gerente de Asuntos Corporativos de la minera, Pablo de la Flor, indicó que no es la primera vez que atacan las torres.
“Ya llevamos 14 torres dinamitadas y a esto hay que sumar la lamentable pérdida de vidas que ha generado estos enfrentamientos en el pasado”, explicó.
El atentado ocurrió a pesar de estar en Estado de Emergencia y contar con un contingente de más de 300 miembros de la Policía Nacional y del ejercito en la zona.
Cabe precisar que este nuevo ataque se produce poco tiempo después de que la policía evacuara a 150 efectivos de unidades especializadas que venían prestando servicios en Pataz y que aun no han sido reemplazados.
“Si bien la presencia de los efectivos del orden en Pataz ha sido significativa, la misma no ha estado aparejada de un importante programa de interdicciones a las operaciones de los mineros ilegales que, amparados por el REINFO y la reciente derogatoria por parte del Congreso de las normas que buscaran frenar esas actividades, han seguido actuando con total impunidad”, precisó la empresa en un comunicado.
Lamentablemente, precisó la compañía las acciones de las fuerzas del orden se han visto severamente limitadas por la falta de apoyo de la Fiscalía y de los representantes de la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos de la región. Recordemos que es esta última instancia la encargada de supervisar la labor de la minería artesanal y pequeña minería en La Libertad.
Para Poderosa, este acto delincuencial emula el accionar de los grupos terroristas que el país enfrentó en décadas pasadas, atenta contra la integridad de nuestro personal y ponen en peligro nuestras operaciones. En los últimos dos años, 16 colaboradores han perdido la vida en ataques de mineros ilegales y catorce 14 torres han sido derribadas. “Instamos al gobierno en no cesar en su lucha contra la minería ilegal, una de las principales amenazas a la seguridad del país. De igual manera, invocamos al Congreso a tomar acciones concretas para frenar este terrible flagelo”, invocaron.
En diciembre del 2023, delincuentes mataron a 9 trabajadores e hirieron a 13 más. Tras esta situación, el gobierno declaró estado de emergencia y a la fecha, la provincia tiene al menos 300 agentes, entre militares y policiales, expresó De la Flor.
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