
El gobierno de Keiko Fujimori realiza este lunes 26 de octubre un megaoperativo en cárceles para desmantelar antenas de telecomunicaciones ilegales.
En una tarea conjunta con efectivos de la Policía Nacional del Perú, la mandataria señaló que se pondrá fin a estas infraestructuras que ayudaban a los reos a mantener su presencia digital en labores como la extorsión.
“El control de las cárceles se va a retomar. No van a haber señales ni telecomunicaciones. Será constante en todos los penales a nivel nacional”, dijo a Canal N.
En total, son 43 antenas identificadas en las cercanías de cárceles limeñas y que se utilizaban para delitos como el cobro de cupos y llamadas extorsivas.
“Se han podido identificar señales ilegales que son transmitidas por torres, dirigidas a 4 penales intervenidos. En las próximas semanas tendremos más operativos”, añadió el ministro de Transportes, José Tangherlini.
Estos equipos serán llevados a comisarías para su posterior incautación. “Nos desharemos de manera adecuada de estos productos”, añadió.
AFIN respalda desmantelamiento de antenas ilegales cerca de penales
Al respecto AFIN respaldó el desmantelamiento de antenas ilegales cerca de penales y destacó rol del Estado como responsable de la seguridad ciudadana.
En esa línea, indicó que es prioritario fortalecer la Seguridad Ciudadana y el control en los establecimientos penitenciarios desplegada por el gobierno peruano para impedir que sean utilizados como centros de operación de actividades delictivas mediante comunicaciones ilegales, que afectan a la ciudadanía en general, incluyendo la eliminación de venta ambulatoria de chips.
La lucha contra las extorsiones y el crimen organizado requieren una estrategia integral, sostenida y apoyada en soluciones tecnológicas adecuadas. En ese sentido, AFIN destaca cuatro medidas fundamentales:
Impedir el ingreso de celulares y dispositivos no autorizados. Es indispensable reforzar los controles de seguridad, vigilancia y detección sobre las personas, bienes y suministros que ingresan a los establecimientos penitenciarios, a fin de evitar el ingreso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación.
Implementar soluciones tecnológicas integrales. Se debe avanzar en la implementación de soluciones que permitan gestionar y controlar las comunicaciones al interior de los penales. Para ello, es importante evaluar esquemas multibanda que comprendan las distintas tecnologías y servicios, incluidas las redes móviles y Wi-Fi, y que puedan ser operados por terceros especializados bajo supervisión del Estado.
Intensificar la fiscalización de instalaciones clandestinas. Las acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del Comando Unificado para identificar y desmantelar antenas, estaciones base y enlaces clandestinos en las inmediaciones de los penales son fundamentales y deben tener continuidad. Asimismo, se requiere una fiscalización permanente que permita identificar y sancionar a quienes instalan u operan infraestructura ilegal, ajena a las redes autorizadas de los operadores formales.
Fortalecer la coordinación público-privada. El control de las comunicaciones ilegales exige una acción articulada entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el MTC y la Policía Nacional del Perú. También es fundamental incorporar la experiencia y las capacidades tecnológicas del sector privado para diseñar e implementar soluciones eficaces, bajo adecuados mecanismos de operación y supervisión estatal.
“AFIN y sus empresas asociadas reafirman su disposición a colaborar con las autoridades, aportando su conocimiento y capacidades tecnológicas para desarrollar soluciones integrales y sostenibles. Impedir que los establecimientos penitenciarios sigan siendo plataformas para la comisión de delitos exige una respuesta coordinada y el aprovechamiento de todas las capacidades disponibles”, señaló a través de un comunicado.

