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La congresista de Avanza País, Diana Gonzales Delgado, presentó el proyecto de ley 5667/2023-CR que busca otorgar a la Contraloría General de la República la facultad de solicitar la suspensión del cargo de alcalde o regidor.
La legisladora detalló que la iniciativa busca que la Contraloría “asuma un rol más activo en su función de control gubernamental”, facultándola a presentar directamente la solicitud de suspensión de alcaldes y regidores cuando identifique una de las causales establecidas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM).
Asimismo, la propuesta reconoce el derecho de los vecinos a realizar control ciudadano sobre la actuación y gestión de las autoridades que eligieron, conforme lo señala la Constitución Política.
En ese sentido, agrega el artículo 25-A a la LOM estableciendo que “la suspensión del cargo de alcalde o regidor puede ser solicitada ante el concejo municipal o ante el Jurado Nacional de Elecciones por cualquier vecino de la circunscripción correspondiente o por la Contraloría General de la República”.
La fórmula legal también señala expresamente el procedimiento de suspensión de las autoridades municipales, a fin de garantizar el derecho al debido proceso y generar predictibilidad y seguridad jurídica.
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De esta manera, precisa que “el Concejo Municipal se pronuncia sobre la solicitud de suspensión en sesión extraordinaria en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de presentada dicha solicitud”.
Cabe señalar, que el texto propuesto tiene un plazo uniforme de cinco días hábiles prorrogables hasta por cinco días más para el ejercicio del derecho a la defensa del alcalde o regidor correspondiente.
Finalmente, indica que “la suspensión del alcalde o regidor es declarada en primera instancia por la mayoría del número legal de los miembros del Concejo Municipal”, subsanando el vacío de la norma actual.
El proyecto de ley 5676/2023-CR que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades a fin de incorporar el artículo 25-A, ha sido decretado a la comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado para su debate y aprobación.
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