Escribe: Giancarlo Villafranqui, Socio de Infraestructura y Proyectos de CMS Grau
La infraestructura educativa en el Perú enfrenta desafíos críticos que han sido constantes por más de una década. Desde el año 2014, proyectos destinados a mejorar las condiciones de los colegios en Lima y Cusco presentados mediante el mecanismo de Asociaciones Público-Privadas (APP) permanecen en evaluación, afectando a más de 30 instituciones educativas. Esta situación ha frenado avances significativos en la calidad y seguridad de los entornos educativos para nuestros estudiantes.
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La pandemia del covid-19 demostró que la brecha de infraestructura educativa no se limita a la rehabilitación o construcción de nuevos colegios, sino también a la falta de un soporte tecnológico necesario para la educación del día de hoy, así como la adecuada y oportuna operación y mantenimiento de éstos.
El ministro de Economía, José Salardi, ha reconocido esta problemática y enfatizado la necesidad de una reforma profunda en los mecanismos de APP. Citando sus palabras, es “una reforma real y profunda que no permita que tengamos colegios esperando 12 años”.
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Una afirmación innegable, que subraya la urgencia de agilizar los procesos de concesión y ejecución de proyectos de infraestructura educativa. La concesión de infraestructura pública han demostrado en los últimos 25 años que es el mecanismo más eficaz para el desarrollo de la infraestructura necesaria que requiere el país.
Una reforma profunda del régimen legal de las APP debe no sólo fomentar una colaboración más efectiva entre el sector público y privado para acelerar el cierre de brechas en infraestructura, sino (y principalmente) agilizar los procesos y actividades de cada una de las fases de desarrollo de las APP, regresar a ProInversión el rol principal en los procesos de promoción de la inversión privada y garantizar a los inversionistas privados el cumplimiento de las obligaciones que asumen las entidades públicas en el marco de los respectivos contratos. Esto último es fundamental.
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La deficiencia de estudios previos, la demora en la entrega de terrenos, la falta de claridad en la aprobación de los estudios definitivos y los retrasos en la recepción de las obras siguen siendo los principales problemas que enfrentan los inversionistas en la fase de ejecución contractual.
La implementación efectiva del mecanismo de las APP puede impulsar la transformación necesaria en el sector educativo, pero se requiere un nuevo enfoque en el desarrollo de proyectos públicos privados, donde se priorice tanto el cumplimiento de los niveles de servicio como la oportuna ejecución de los contratos.
