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Economista, docente de la Escuela de Posgrado de la U. Continental.
- La fragilidad institucional es un problema crónico en el Perú. La precariedad de nuestras instituciones se manifiesta en la ausencia de partidos políticos nacionales serios, en la bajísima valoración ciudadana del Congreso, en la disfuncionalidad del aparato estatal, en la expansión sin freno de la corrupción, en el inoperante sistema público de justicia, en la inseguridad jurídica y un largo etcétera. La ley y el orden no imperan en el país, y lo peor de todo es que nos parece normal, que “así es”.
- A pesar de que estos problemas son de larga data, resulta indudable que la debilidad institucional del Perú se vio agravada con la llegada del actual Gobierno. Sus más altos representantes parecieran estar dedicados a socavar las pocas instituciones que aún nos quedan. Con sus actos y declaraciones, arremeten despiadadamente contra ellas, buscando destruir la institucionalidad económica y política del país.
- El reciente proyecto de ley de reforma constitucional que pretende viabilizar la convocatoria a una asamblea constituyente es un ejemplo de lo anterior. ¿Cómo pueden el presidente de la República y todos sus ministros (a excepción de uno) ser capaces de presentar un proyecto de ley claramente inconstitucional en una materia tan trascendental como esta? ¿Es que no les da vergüenza o es que no entienden que están obligados a respetar la Constitución? Con su actuar, precipitaron una caída de la BVL y que el tipo de cambio se volviese a disparar, con el consecuente efecto sobre la inflación y los costos de los alimentos.
- ¿Es el objetivo de este Gobierno demostrarnos una y otra vez que la ignorancia es atrevida? No es la primera vez que el premier Torres propone ideas descabelladas. El pasado 7 de abril, anunció un proyecto de ley para prohibir monopolios y oligopolios en el país –como si en una economía minúscula como la nuestra, con mercados que más bien parecen nanomercados, pudiesen coexistir muchas empresas con la escala suficiente para ser eficientes– y, tres semanas después, declaró que el encarecimiento del gas era “consecuencia de los monopolios”, por lo que se debía terminar con ellos. ¿Recuerda usted al presidente Castillo declarando que Saga Falabella era un monopolio?
- Pensar que la inflación y la carestía de los alimentos y combustibles se explica por la existencia de monopolios demuestra un total desconocimiento de cómo funciona la economía. Los precios de muchos de los productos que consumimos suben debido al aumento en los precios internacionales de los productos que importamos y a que el tipo de cambio está más alto debido a las acciones y declaraciones del Gobierno. La narrativa económica oficial no solo es equivocada sino peligrosa: desinforma y fomenta la adopción de medidas populistas, que producirán mayor daño aún.
- ¿Se necesita cambiar la Constitución? ¿Qué partes? ¿Para qué? ¿Para combatir la inflación y la pobreza? Pero si con esta Constitución, durante muchos años, fuimos el país con la mayor tasa de crecimiento, el que redujo más la pobreza y registró la inflación más baja de la región. ¿Para ampliar el rol del Estado en la economía? ¿Para controlar precios y tener más empresas públicas? Según Vladimir Cerrón, sí, sin duda. ¿Para gestionarlas como lo hicieron Velasco en los 70, Alan García en los 80 o, más recientemente, Hugo Chávez? Esa película ya la vimos, es muy mala.
- Por suerte, según encuestas recientes, la mayoría de peruanos son sensatos y consideran que no se debe insistir en el cambio de la Constitución. Por favor, dejen de hacer daño, dedíquense a trabajar seriamente. Y si no pueden, ¡váyanse ya!