Las cuentas por cobrar de Essalud son superiores a sus pasivos: S/ 5,624 millones versus S/ 5,000 millones (aproximadamente). La información la proporcionó la presidenta ejecutiva de la entidad, Zulema Tomás, la semana pasada a la Cámara de Diputados. Poco se habla del dinero que los empleadores le adeudan a Essalud, montos millonarios que tienen que ser recuperados a fin de aliviar, parcialmente, su apremiante crisis financiera. El 48% es “deuda tributaria” –aportes no realizados de los empleadores–, mientras que el 52% es “deuda no tributaria”, consistente en gastos por atención de afiliados y derechohabientes cuyos empleadores no están al día con sus pagos, más intereses, multas, etc.
De la deuda tributaria, S/ 1,461 corresponden a aportes impagos de gobiernos regionales y S/ 422 millones, a gobiernos locales, lo que convierte al Estado en el principal deudor de Essalud. En la sesión con los diputados, Tomás planteó evaluar una ley que permita al MEF transferir directamente a Essalud los aportes de gobiernos regionales y locales. En marzo del año pasado, el pleno del entonces Congreso unicameral aprobó un proyecto de ley en ese sentido, pero sin alcance retroactivo. En tanto, el sector privado debe S/ 434 millones. Ya existe un régimen de facilidades de pago para deuda no tributaria, de modo que cabría preguntarse si Essalud utiliza eficientemente esa herramienta. Cabe recordar que la encargada de recaudar los aportes a Essalud es la Sunat.
Un tema que no ha sido destacado por Tomás ni por el ministro de Trabajo, Juan Sheput, es la experiencia de asociaciones público-privadas (APP) en los servicios que presta la entidad, cuyos procesos de concesión están a cargo de ProInversión. Los dos casos que ya están en marcha, desde el 2014, han probado ser bastante eficientes. Se trata de los hospitales Alberto Barton (Callao) y Guillermo Kaelin (Villa María del Triunfo), a cargo de la española IBT Health, bajo la modalidad “bata blanca” –el operador privado gestiona todo el servicio–.
El 2024, se concesionaron otros dos, en Piura y Chimbote, con una inversión conjunta de alrededor de US$ 500 millones, bajo la modalidad “bata verde” –la atención médica estará a cargo de Essalud–. Se encuentran en distintas etapas previas al inicio de la construcción, retrasadas principalmente por la consabida burocracia estatal. Un caso de demora extrema fue la habilitación de la Torre Trecca, cuya concesión fue adjudicada a Auna el 2010. El proyecto recién pudo ser destrabado en abril de este año. Sería oportuno que el Gobierno preste más atención a las APP en salud.
