La remuneración mínima vital y el necesario consenso

En septiembre del año pasado, el ministro abordó el mismo asunto en una entrevista publicada en un medio de comunicación, y en ella señaló que “el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) o sueldo mínimo requiere de consenso para no afectar la productividad ni la formalización” y “que se trata de una tarea difícil que requiere acuerdo y, por tal motivo, este tema y otros de carácter laboral se incluyen en la agenda del Consejo Nacional del Trabajo”. En esa misma oportunidad, el ministro señaló que “se debe cuidar que el aumento del sueldo mínimo sea lo más técnico y equilibrado posible para no afectar el desempeño del mercado y ayudar a las pequeñas empresas a su formalización”.

Todas estas precisiones son correctas y esperamos que sus últimas declaraciones estén enmarcadas en aquello que señaló en septiembre del año pasado y no en un compromiso que el Gobierno cumplirá mediante la emisión de una norma, al margen de todo diálogo y prescindiendo de consideraciones técnicas.

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El último incremento de la RMV ocurrió en mayo del 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, oportunidad en la que esta se elevó de S/ 930 a S/ 1,025. Pero dicho incremento se realizó por decreto supremo y en paralelo a la emisión de otras normas que prescindieron del diálogo social, como fue el caso del decreto supremo que prohibió la tercerización de actividades nucleares de las empresas, la modificatoria del reglamento de relaciones colectivas de trabajo y el intento de implantación de un código de trabajo, cuya versión inicial no fue objeto de diálogo alguno. Es decir, el incremento de la RMV por parte del Gobierno de Pedro Castillo prescindió de todo lo señalado por el ministro Maurate y acompañó medidas que destruyeron el diálogo social. Dicho de otro modo, el Estado en lugar de ayudar a construir consensos, los sustituyó con medidas unilaterales.

La revisión e incremento de la RMV no es una tarea simple, porque tiene efectos colaterales normativos y económicos. Los normativos son que, con el incremento, se elevan las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios (CTS), las horas extras y todos los aportes derivados de las remuneraciones. También se elevan la asignación familiar, que es un porcentaje de la RMV, la remuneración por trabajo nocturno y las remuneraciones en algunos sectores, como el minero y el agrícola. Pero el mayor impacto es económico y social, porque si a pesar del incremento del costo de vida, la economía y la productividad de las empresas no mejoran, el efecto del incremento será negativo para las empresas formales, en especial en las micro y pequeñas (mypes) y, peor aún, en las informales.

Por ello, el incremento de la RMV debe ser un ejercicio técnico que involucre el diálogo social. No solo porque esto último está previsto en la Constitución, sino porque esa es una materia que requiere del diálogo entre las empresas, los trabajadores y el Estado.

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El ministro de Economía lo ha dicho con claridad hace unos días en declaraciones que recogen los distintos medios: “Tiene que haber consenso y sin crecimiento no puede haber ajustes en estas variables. Lo que esperamos es que cuando la economía empiece a crecer nuevamente, cuando tengamos una noticia robusta, se pueda, a través del consenso, llegar a una solución”.

Por ello, una vez que se compruebe la existencia de un robusto y sostenido crecimiento económico, lo que corresponde hacer al Gobierno actual es recuperar el diálogo social que fue minado por el Gobierno de Pedro Castillo. Y debe hacerlo con una agenda consensuada, como lo establecen las reglas del Consejo Nacional del Trabajo e incluir en dicha agenda temas como el incremento de la RMV bajo una metodología técnica y otros asuntos que cubran las expectativas de trabajadores y empleadores. La tarea no será fácil, seguramente, pero es la manera correcta de hacerlo.

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Luis Vinatea