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Economista jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El informe “Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo (SOFI) 2023″ publicado por la FAO y otras agencias de las Naciones Unidas revela una preocupante realidad: el hambre en el mundo continúa en niveles alarmantes, superando incluso las cifras previas a la pandemia de COVID-19: en 2022, entre 691 y 783 millones de personas padecieron hambre a nivel global, un incremento de 122 millones con respecto a 2019.
De 2021 a 2022, se lograron progresos en la reducción del hambre en América Latina y en Asia, pero el hambre sigue aumentando en Asia occidental, el Caribe y todas las subregiones de África, afectando de forma desproporcionada a las mujeres y a los habitantes de las zonas rurales.
En el contexto latinoamericano, Perú destaca con preocupación, dado que la prevalencia de la desnutrición pasó de 5.9% en el 2017-2019 al 7% en el 2020-2022, lo que equivale a un aumento de medio millón de personas.
Para poder responder a este enorme desafío, hemos de tener en cuenta muchos elementos del sector agroalimentario, así como del conjunto de la economía peruana. Uno de los principales retos es el acelerado proceso de urbanización, con el 80% de su población viviendo en ciudades en 2020, y se espera que este porcentaje alcance el 88%, es decir 35 millones de personas, para 2050 (Ceplan).
Este proceso de urbanización es uno de los más intensos de américa latina, colocándose Perú como el sexto país con mayor tasa de urbanización en la región por debajo de Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela y Brasil.
Esta acelerada expansión urbana, que ha ocurrido principalmente mediante la ocupación informal y no planificada del territorio, está provocando cambios en los sistemas agroalimentarios a lo largo del continuo rural-urbano. Estos cambios representan tanto desafíos como oportunidades para garantizar a todas las personas el acceso a dietas asequibles y saludables.
Entre los desafíos pueden mencionarse una mayor demanda y consumo de alimentos de preparación fácil o precocinados y comidas rápidas más baratos, que suelen ser hipercalóricos y con un alto contenido de grasas, azúcares o sal al mismo tiempo que una disponibilidad insuficiente de hortalizas y frutas para satisfacer las necesidades diarias de las dietas saludables para todos.
No obstante, la urbanización también presenta oportunidades, ya que da lugar a cadenas de valor alimentarias más largas, formales y complejas, que incrementan las actividades que generan ingresos en el empleo rural no agrícola, especialmente para las mujeres y los jóvenes, y aumentan la variedad de alimentos nutritivos. Asimismo, los agricultores suelen tener mejor acceso a los insumos y servicios agrícolas a medida que las zonas urbanas se acercan al medio rural.
Para comprender los cambios que están teniendo lugar en los sistemas agroalimentarios (esto es, desde la producción y elaboración de los alimentos, y su distribución y adquisición, hasta el comportamiento de los consumidores) es necesario adoptar una perspectiva del continuo rural-urbano, que refleje la conectividad y las interrelaciones crecientes entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales.
Aumentar el acceso a dietas asequibles y saludables, lograr la seguridad alimentaria y afianzar la nutrición para todos requiere un enfoque de políticas y legislación que aprovechen la creciente conectividad entre las zonas rurales y periurbanas y las ciudades de diferentes tamaños.
Los vínculos más estrechos entre los segmentos de los sistemas agroalimentarios crean posibles situaciones beneficiosas para todos en cuanto a un mayor desarrollo económico y acceso a dietas asequibles y saludables, que pueden aprovecharse mediante inversiones en infraestructuras, bienes públicos y la mejora de las capacidades, que aumenten la conectividad entre el medio rural y el urbano. Esas inversiones deberían apoyar el papel esencial de las pequeñas y medianas empresas en los sistemas agroalimentarios, especialmente en las ciudades medianas y pequeñas y en los pueblos.
A fin de aprovechar la conectividad a lo largo del continuo rural-urbano se requieren mecanismos de gobernanza e instituciones adecuados para coordinar una inversión coherente más allá de los límites sectoriales y administrativos. Para ello, los gobiernos subnacionales pueden desempeñar un papel clave en la formulación y la aplicación de políticas distintas del enfoque de arriba hacia abajo tradicional. Los enfoques respecto de la gobernanza de los sistemas agroalimentarios deben garantizar la coherencia de las políticas a nivel local, regional y nacional mediante la participación de las partes interesadas en los sistemas agroalimentarios a todos los niveles.
El informe nos muestra que un importante punto de partida hacia racionalizar la gobernanza a lo largo del continuo rural-urbano es el desarrollo de acuerdos locales entre múltiples zonas administrativas y plataformas y redes de múltiples partes interesadas, involucrando a entidades no estatales actores, organizaciones de agricultores, sociedad civil organizaciones, el sector privado y la academia.
Estos sistemas integrados están surgiendo cada vez más como instrumentos cruciales para abordar las políticas y la planificación locales relacionadas con la alimentación.
En particular, encontramos buenas prácticas y mecanismos que sirven como asesoramiento a gobiernos locales o subnacionales para apoyar el diseño y la implementación de políticas, promover la participación de las partes interesadas y facilitar seguimiento y evaluación en materia de políticas alimentarias en las ciudades intermediarias y pequeñas del Perú
En noviembre de 2019, los municipios peruanos de Lima, Huancayo, Arequipa, Piura y Maynas alcanzaron un acuerdo con el objetivo de fortalecer los vínculos de los sistemas agroalimentarios en el ámbito rural-urbano.
El acuerdo cubre vínculos entre productores, mercados y ferias en diferentes ciudades; así como el intercambio de conocimientos sobre prácticas relacionadas a la agroecología y su promoción en el ámbito rural y periurbano; la modernización de los espacios de los mercados minoristas de alimentos; y estrategias específicas del contexto para mejorar el acceso a dietas saludables. También incluye temas de formación y prácticas, que permiten compartir experiencias. Se ha previsto además una ordenanza en Lima diseñada para fomentar una alimentación más saludable. La ordenanza prohíbe por ejemplo la venta o comercialización
de alimentos ricos en energía y ricos en grasas, azúcares y/o sal a 200 metros de colegios. También establece un mínimo requisitos sanitarios para los alimentos y bebidas proporcionados a los estudiantes en las instalaciones de la escuela, así como el acceso al agua potable.
Además, en octubre de 2020, Lima estableció el Consejo del Sistema Alimentario de Lima Metropolitana (CONSIAL), que tiene como objetivo planificar, organizar, desarrollar e implementar políticas alimentarias sostenibles y resilientes que garanticen el derecho humano a la alimentación y generen un impacto positivo en la reducción de las tasas de pobreza y desnutrición.
Desde su creación, el consejo ha promulgado varias ordenanzas locales para promover entornos alimentarios urbanos más saludables, agricultura urbana, el uso de espacios públicos para los agricultores agroecológicos, mercados y la recuperación de los alimentos no vendidos en el comercio mayorista.
El consejo incluye múltiples actores como representantes de la agricultura urbana y periurbana plataformas, organizaciones de productores rurales, sociedad civil, promotores de alimentación saludable, centros de investigación y Universidades, sector privado y organizaciones no gubernamentales.
Asimismo, actualmente el ayuntamiento está desarrollando una estrategia a lo largo del continuo rural-urbano, alineada con las agendas nacionales e internacionales relacionadas con sistemas agroalimentarios, cambio climático y sostenibilidad.
La ciudad de Huancayo ha formado el Comité de Sistemas Alimentarios Sostenibles para la provincia de Huancayo, en el marco del Pacto de Milán, un acuerdo mediante el que las 210 ciudades firmantes se comprometen a desarrollar sistemas alimentarios sostenibles y resistentes para distribuir alimentos nutritivos y accesibles para todos, proteger la biodiversidad y luchar contra el desperdicio de alimentos. El Comité está vinculado al CONSIAL en Lima, creando la base para fortalecer la gobernanza de los sistemas agroalimentarios en todo el mundo.
En conclusión, la urbanización, si bien plantea desafíos como el aumento de la demanda de alimentos procesados poco saludables, también ofrece oportunidades a través de cadenas de valor alimentarias más complejas y el fortalecimiento del empleo rural no agrícola. Sin embargo, para aprovechar estas oportunidades, es esencial adoptar un enfoque que aborde la conectividad entre lo rural y lo urbano.
La implementación de estrategias para promover alimentos saludables en entornos urbanos y la promoción de la agricultura urbana son pasos fundamentales hacia una seguridad alimentaria adecuada. Además, la alineación con las agendas nacionales e internacionales relacionadas con la alimentación, el cambio climático y la sostenibilidad contribuirá a construir sistemas agroalimentarios más resilientes.
La lucha contra el hambre y la promoción de la seguridad alimentaria en el Perú requieren un enfoque integral que tenga en cuenta la urbanización acelerada del país. La colaboración entre diferentes actores y una gobernanza sólida son claves para garantizar que todos los peruanos tengan acceso a dietas saludables y asequibles en un entorno en constante cambio.