Lo caro que es ser pobre en el Perú

Existe una relación directa entre el ingreso de un hogar, en especial de los más pobres, y la inversión en infraestructura. Según un estudio publicado por el BID, los hogares limeños de ingresos más bajos dedican el 10.4% de su gasto total en servicios de infraestructura (agua, saneamiento, electricidad y transporte público), en tanto que los hogares de ingresos más altos, el 7.9%.

Las brechas que continuamente mencionamos quienes estamos en el tema de la infraestructura de servicios públicos, no son otra cosa que espacios en los que las personas deben encontrar maneras de proveerse de un servicio básico por sus propios medios, a falta de provisión pública o cuando esta es insuficiente o de mala calidad.

El ejemplo más dramático es, quizás, el de la salud. Un peruano promedio financia aproximadamente el 50% de sus gastos en salud de su bolsillo. El problema de los medicamentos en el Perú es que quienes se atienden en Essalud o en las redes del Minsa o GORES, no salen de sus atenciones con sus medicamentos y tienen que recurrir a las farmacias privadas. Algo similar ocurre con las imágenes (radiografías, ecografías, etc.), los servicios de laboratorio, entre otros.

Otro buen ejemplo es el del agua. Los hogares urbanos pobres que se abastecen de camión cisterna pagan seis veces más que aquellos con conexión a la red.

La brecha de carreteras y vías bien pavimentadas está directamente correlacionada con el acceso a mercados y aumento de ingresos. Un estudio de Escobal y Ponce (2002) muestra que la rehabilitación de caminos rurales tuvo efectos positivos en el ingreso, principalmente el no agropecuario. Pero aquí, en nuestro país, falta asfaltar el 20% de la red vial nacional y más del 95% de la distrital, y ahí seguimos sin ejecutar presupuestos o con obras públicas que nunca se entregan!

Por otro lado, es importante destacar que la distribución de los ingresos mostraba una tendencia a la disminución de la desigualdad hasta el año 2019. En 2020, sin embargo, nuestro país registró retrocesos en la lucha contra la pobreza a niveles no registrados desde el 2011, como consecuencia del impacto de la pandemia. Pese a que a través de la dotación de infraestructura se reduce estructuralmente la desigualdad, últimamente se recurren a paliativos como bonos. También se ha aprobado la reducción temporal del ISC a los combustibles, pero solo a los más contaminantes, es decir, incentivos perversos en materia ambiental.

Tenemos más de US$ 20,000 millones por ejecutar en proyectos de Asociaciones Público-Privadas adjudicados y en proceso de serlo, que generarían más 1.2 millones de empleos. Suena esperanzador, pero vamos en sentido contrario: se presentan proyectos de ley que desalientan la inversión, se rota personal cambiándolo por funcionarios que no cumplen ningún estándar mínimo, sin mencionar las innumerables denuncias de corrupción. Y se insiste con más Estado, más empresas públicas, más obra pública, a pesar de que toda la evidencia indica que esa es la ruta para continuar dilatando la provisión universal de buenos servicios para los ciudadanos.

En definitiva, la solución permanente para reducir la desigualdad es y debe ser a través de servicios públicos eficaces, y, para ello se requieren medidas para impulsar la ejecución de infraestructura, en una transparente y profunda colaboración entre el sector público y privado. El ciudadano en el centro de las políticas públicas, sobre todo ese ciudadano que lo es solo porque tiene DNI, porque para todo lo demás nadie lo toma en cuenta. Tiempos inciertos los que nos toca vivir.