Únete al canal de GestiónCENSURA. El Congreso finalmente decidió censurar al ahora exministro del Interior, Vicente Romero, por la falta de resultados en su cartera en la lucha contra la inseguridad ciudadana y su presunta falta de liderazgo. La decisión fue adoptada por un total de 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones.
A diferencia de lo que ocurre con casos como el de la Junta Nacional de Justicia, en el que existe un debate constitucional sobre qué debería considerarse “falta grave”, con las censuras ministeriales sí está claro que no se requiere cumplir con criterios adicionales a alcanzar los votos necesarios. Dado que la Constitución exige que para que todo gabinete pueda seguir funcionando más allá de sus 30 primeros días, debe recibir la confianza del Congreso, es lógico que esa confianza pueda ser también retirada si el Congreso así lo considera. Ya sea respecto de todo el Consejo, o de solo un ministro o ministra.
Dicho esto, que el Congreso tenga esta facultad y que en este caso esté clara la constitucionalidad de su decisión, no quiere decir, por supuesto, que cualquier censura sea una buena idea. Si bien es cierto que el Gobierno no venía mostrando resultados concretos en la lucha contra la inseguridad –la principal responsabilidad del sector Interior– ni había dado a conocer una estrategia integral para el corto, mediano y largo plazo que vaya más allá de los estados de emergencia; al mismo tiempo es verdad que se trata del tercer ministro del Interior desde que Boluarte asumió la presidencia. Y que, sin estabilidad en el sector, es imposible construir una agenda para el mediano y largo plazo.
Cuando cambia un ministro, cambian también varios cargos medios y directivos. Cambian los planes y prioridades. Y eso dificulta que eventualmente puedan verse resultados. Esto es algo que, por ejemplo, preocupaba a los 35 alcaldes distritales de Lima que a inicios de la semana respaldaron a Romero. No por un aprecio personal, sino porque entienden que, sin una mínima estabilidad, es imposible coordinar cualquier estrategia.
El rol fiscalizador del Congreso es crucial en cualquier democracia, eso no está en discusión. Pero este debe ejercerse con mesura y considerando no solo el contexto inmediato, sino qué podría pasar después. Ahora que se pretende interpelar al ministro de Energía y Minas, será importante que el Congreso sopese esto también.
