En el Perú, la estabilidad de los indicadores macroeconómicos es, en gran parte, el resultado del manejo responsable y prudente de la política económica que los sucesivos gobiernos han mantenido, aunque con ciertos “baches” coyunturales, durante más de tres décadas. En el caso de la política monetaria, que tiene a su cargo la estabilidad de precios y es gestionada por el BCR, dos factores adicionales explican su destacable eficacia: la entidad es autónoma por mandato constitucional y su presidente, Julio Velarde, quien asumió el 2006, continuará en el cargo hasta el 2031. Esto gracias a que fue ratificado por Gobiernos de distintas inclinaciones políticas, con el voto favorable del Congreso.
En la política fiscal, a cargo del MEF y, por ende, sujeta a mayores presiones de gasto, la gran mayoría de titulares de ese ministerio priorizó la disciplina presupuestal, aunque la interferencia del Congreso, desde el 2021, generó un multimillonario horado, presente y futuro, en el Tesoro Público, con leyes que han elevado el gasto corriente. El Congreso actual ya no podrá hacerlo con tanta facilidad, porque el Tribunal Constitucional recordó que la Carta Magna no otorga iniciativa de gasto a los legisladores.
Y aquí vienen las comparaciones. El Perú tiene una de las inflaciones más bajas del mundo, reservas internacionales que cubren potenciales crisis financieras, un crecimiento del PBI por encima del promedio de América Latina, una deuda pública por debajo del 30% del PBI, etcétera. Cabría preguntarse si los peruanos de a pie sienten que esos buenos números se traducen en una mejora de sus condiciones de vida. Uno de los indicadores más irónicos es la “inflación subyacente”, que excluye de la medición precios volátiles como alimentos y energía. Esos bienes y servicios conforman más de un tercio de la canasta básica de consumo –alimentos representa el 23.93%–.
Así como se destaca el avance macroeconómico, hay silencio casi absoluto en otros indicadores, sobre todo los sociales. Por ejemplo, poco se habla de las decenas de miles de peruanos, sobre todo jóvenes, que han emigrado en busca de oportunidades en otros países. Tampoco figura en la agenda del Gobierno (ni del Congreso) revertir la contrarreforma universitaria, ni se menciona el avance en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que el país se comprometió a cumplir para el 2030. Y en materia de derechos civiles, preocupa el riesgo de retrocesos o de medidas que no resolverán problemas estructurales. Es que el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo socioeconómico.
