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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional (Congreso) ante la grave crisis política. Asimismo, afirmó que aplicará la “muerte cruzada” para convocar a elecciones.
“No es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos al que nos somete la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”, argumentó en un primer momento Lasso.
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El mandatario señaló que desde el inicio de su gestión, en cuatro ocasiones han intentado sacarlo de su puesto. Motivo que habría generado crisis políticas y protestas.
“He decidido aplicar el artículo N° 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional (...) He solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, si no porque devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible”, añadió.
La “muerte cruzada”
El mandatario afirmó, ante televisión ecuatoriana, que realizará la “muerte cruzada”, una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para luego convocar a elecciones. El objetivo es renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Cabe señalar que Lasso podrá gobernar el país sudamericano mediante decretos o leyes de urgencia durante seis meses, y es la primera vez que un jefe de Estado convoca esta ley, la cual se puede aplicar una vez en los tres primeros de gestión.
Asamblea Nacional y su juicio
La medida fue publicada un día después de que la Asamblea Nacional iniciara un juicio político contra Guillermo Lasso por el supuesto delito de peculado. No obstante, Lasso rechazó las demandas.
Cabe señalar que la mayoría del Congreso está constituida por la oposición y seguidores del exjefe de Estado, Rafael Correa.
Ahora, el tribunal electoral debe decidir la fecha de las nuevas elecciones, las cuales deben conocer los siete días posteriores a la disolución.
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