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La espinosa nueva ley de inmigración promovida por el Gobierno de Emmanuel Macron comenzará a ser debatida este lunes en el Senado, donde la derecha tiene la mayoría, con mucha incertidumbre sobre si el macronismo logrará los apoyos necesarios para aprobar el proyecto.
El Gobierno ha presentado este proyecto como una reforma que endurece las medidas contra los extranjeros sin papeles, en particular aquellos que delinquen facilitando su expulsión, pero que a la vez favorece la regularización e integración de los inmigrantes que trabajan en sectores con escasez de mano de obra, como la construcción o la hostelería.
Por esa naturaleza, en un contexto en el que el oficialismo carece de mayoría absoluta parlamentaria y debe buscar el respaldo de otros grupos para sacar adelante sus iniciativas, la ultraderecha y la derecha clásica no se alinean con el proyecto porque quieren endurecerlo, mientras que la izquierda lo considera demasiado restrictivo.
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La derecha clásica encarnada por Los Republicanos, que ha sido el socio más receptivo al macronismo en los últimos tiempos, considera una línea roja el artículo 3, el relativo a los “oficios en tensión” (con escasez de mano de obra), al considerar que generaría un efecto llamada.
En un intento de acercar posturas a las puertas del debate en el Senado, el ministro de Trabajo francés, Olivier Dussopt, se mostró este domingo abierto a posibles cambios, aunque sin renunciar a él.
“He dicho desde el principio que yo estoy muy abierto respecto a la forma. Pienso que el permiso de estancia con el artículo 3 es un buen método, pero si otra solución emerge del debate parlamentario, ¿por qué cerrarse?”, manifestó en declaraciones a la cadena pública France 3.
Por otra parte, el articulado que va a ser examinado por el Senado ha sido ya modificado en comisión por la mayoría de derechas para incorporar la supresión de la Ayuda Médica del Estado (AME), algo que suscita debate también entre las propias filas del macronismo.
La AME cubre gastos médicos y hospitalarios para los sin papeles que lleven como mínimo tres meses en Francia y sería sustituida, por un dispositivo aún por definir que cubriría únicamente la atención de urgencia.
El debate parlamentario del proyecto sobre la inmigración, cuyo contenido fue desvelado por el Gobierno en febrero, ha sufrido numerosos retrasos a lo largo del año.
Primero se postergó en el marco de la conflictiva reforma del sistema de pensiones que marcó la primera mitad de 2023 y, después, con los graves disturbios que hubo en Francia entre junio y julio tras la muerte de un menor de ascendencia argelina a manos de la policía, de un disparo, durante un control de carretera a las afueras de París.
El Senado deberá examinar el texto entre el 6 y el 14 de noviembre, tras lo cual el proyecto sería enviado a la Asamblea Nacional, donde su primera parada sería la comisión de leyes -a finales de este mes-, antes del debate final en la Cámara alta en diciembre.
La dificultad para reunir los apoyos parlamentarios necesarios ha llevado al Gobierno a forzar la aprobación de varias leyes -incluida la crucial reforma del sistema de pensiones- a través de un mecanismo constitucional que le permite evitar el voto de los legisladores.
Es el artículo 49.3 de la Carta Magna francesa, cuya utilización abre a cambio la puerta a someter al Gobierno a una moción de censura. Para salvarlas, el apoyo de los diputados de Los Republicanos en la Asamblea Nacional ha sido decisivo en el último año.
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