Biden escogió un mal momento para quitar el Título 42

Con un ojo en las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, los republicanos han destacado una crisis creciente en la frontera sur para atacar el manejo de la inmigración por parte del presidente Joe Biden. La crítica está en gran parte justificada. El fracaso de Biden en la implementación de una política fronteriza coherente ha derivado en un aumento en los cruces ilegales y provocado que los conservadores amplifiquen los temores de una “invasión” de inmigrantes. También dificulta la creación del sistema de inmigración que el país tanto necesita.

Actualmente hay dos corrientes principales de entrada a EE.UU., la legal y la ilegal. Cada año, alrededor de un millón de personas obtienen la residencia permanente a través del sistema legal. De esa cantidad, la mitad ya reside en EE.UU. con visas temporales de trabajo o de estudiante, mientras que el resto proviene de fuera del país. También es legal que los migrantes se presenten en los puertos de entrada y soliciten asilo. Pero para muchas personas que no tiene una vía legal, intentar cruzar la frontera sur sigue siendo la opción más viable. Los migrantes que han ingresado ilegalmente al país aún pueden solicitar asilo. Históricamente, se les ha permitido —al igual que a otros solicitantes de asilo— permanecer en EE.UU. mientras se procesan sus solicitudes.

Desde el comienzo de la pandemia, EE.UU. se ha basado en una política diferente para los solicitantes de asilo, conocida como el Título 42, que permite deportaciones perentorias por motivos de salud pública y se ha utilizado para negar la entrada a 1,7 millones de inmigrantes que no han tenido la oportunidad de presentar sus casos ante los tribunales. Era entendible mantener la medida, pero realmente ha sido poco el alivio sobre la presión en la frontera. Desde octubre, la patrulla fronteriza ha realizado más de un millón de arrestos de personas que cruzan de manera ilegal, la tasa más alta en al menos 20 años.

La política también crea nuevas complicaciones. En virtud del Título 42, la Administración ha eximido a los menores no acompañados de la expulsión inmediata. Esto ha significado albergarlos en refugios superpoblados cerca de la frontera o dejarlos bajo la custodia de patrocinadores.

La Administración Biden prometió eliminar el Título 42 el 23 de mayo, en espera de los cuestionamientos judiciales. Desde una perspectiva de salud pública, eso podría tener sentido ahora que EE.UU. cuenta con amplias herramientas para contener el virus. El problema es que la Administración no tiene una política de reemplazo y, por lo tanto, está invitando a otra oleada de inmigrantes a la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que, sin el Título 42, las detenciones diarias en la frontera podrían aumentar de 7,000 a 18,000.

Una propuesta bipartidista del Senado ofrece una salida razonable. Patrocinado por los senadores Kyrsten Sinema y James Lankford, el proyecto de ley prohibiría a la Administración levantar el Título 42 hasta 60 días después de que finalice la emergencia nacional de salud pública y exigiría que emita un plan detallado para gestionar cualquier afluencia de solicitantes de asilo. También aumentaría los fondos para las agencias fronterizas y los tribunales de inmigración, reforzando la capacidad del Gobierno para detener las entradas no autorizadas y al mismo tiempo hacer que el sistema de procesamiento de las solicitudes de asilo sea más justo y eficiente.

A corto plazo, sería prudente que Biden aprovechara este salvavidas. Debería posponer el desmantelamiento del Título 42 y presionar al Congreso para que asigne los recursos adecuados para fortalecer la seguridad fronteriza, contratar personal adicional para acelerar el procesamiento de las solicitudes de asilo y aumentar la cantidad de centros de detención necesarios para adaptarse a un posible aumento de la migración. También debería adoptar los Protocolos de Protección a Migrantes, una política que requiere que los solicitantes de asilo permanezcan en México mientras se resuelven sus casos. Biden debería trabajar en la expansión y el mejoramiento del programa, en coordinación con el Gobierno mexicano para brindar viviendas seguras y oportunidades de trabajo para los que son enviados de regreso y para limitar las distancias que los solicitantes de asilo tienen que viajar para comparecer ante el tribunal.

Al llegar a un acuerdo sobre el Título 42, la Administración debería comenzar a forjar una coalición bipartidista para reabrir el flujo de la inmigración legal. Idealmente, se buscaría un sistema al estilo canadiense que priorice las habilidades y la educación de los inmigrantes, en lugar de sus lazos familiares. Eso reforzaría el liderazgo de EE.UU. en ciencia y tecnología, promovería el espíritu empresarial y, en general, alentaría el crecimiento económico.

Las encuestas muestran que tales reformas atraerían el apoyo público, pero no hasta que el Gobierno demuestre su capacidad para contener la inmigración ilegal y controlar el caos que se libra en la frontera. Biden debe demostrar que comprende el desafío que representa este tema.