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El gobierno boliviano llamó el lunes a la “reflexión” al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, horas antes de que presente su informe sobre el estado de la justicia en Bolivia.
“Él no viene a juzgar casos concretos y no puede realizar ninguna afirmación sin previamente haber trasladado al Estado boliviano sus observaciones”, dijo en la televisora estatal el ministro de Justicia, Iván Lima.
Bolivia recibió una avalancha de cuestionamientos de la comunidad internacional después de la condena a diez años de prisión de la expresidenta interina Jeanine Áñez por la crisis política del 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, actual líder del partido gobernante.
García Sayán presentará el martes su informe ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, a través de un comunicado, dijo que no se respetó plenamente el derecho al debido proceso de Áñez y que el delito por el que fue juzgada -incumplimiento de deberes- “era excesivamente amplio y ambiguo”.
El 11 de junio Áñez (2019-2020) fue condenada en primera instancia en un juicio ordinario por la sesión en el Congreso en la que se proclamó presidenta del país en su condición de vicepresidenta del Senado tras la renuncia de Morales y de otros altos cargos llamados a la sucesión.
Después de la sentencia García Sayán dijo en Twitter que Áñez tenía derecho a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Nacional que debe ser aprobado por dos tercios del Legislativo -que no tiene el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS)- y que a la comunidad internacional le preocupaba una posible intervención política en el juicio contra la exmandataria.
El domingo la Unión Europea (UE) respaldó las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y de García Sayán y dijo en un comunicado que esos “hallazgos son sintomáticos de las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano” y aseguró estar dispuesta a colaborar con el gobierno de Luis Arce para “emprender una reforma del sistema de justicia”.
Áñez, de 54 años y detenida desde hace 15 meses en un penal de La Paz, enfrenta otras demandas, entre ellas una por la muerte de 20 manifestantes. Dirigentes oficialistas se han manifestado a favor de un nuevo juicio ordinario.
La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró fraudulentas las elecciones del 2019 en las que Morales buscaba un cuarto mandato tras perder un referendo que le había negado esa posibilidad. Las violentas protestas que siguieron a los comicios durante casi dos meses provocaron la muerte de 37 personas y precipitaron la renuncia de Morales y su salida del país.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el gobierno para investigar los hechos responsabilizó tanto a la administración de Morales como a Áñez por los graves hechos ocurridos durante la crisis. No obstante, la justicia sólo procesó a la exmandataria y a medio centenar de funcionarios y militares que colaboraron con ella.