Durante el último Concejo Municipal de Lima, realizado el pasado jueves, el alcalde Jorge Muñoz evitó responder a los cuestionamientos sobre la participación de la empresa Graña y Montero en el relanzamiento de la Vía Expresa Sur.
“¿Por qué mantener a Graña y Montero con esta concesión por cuarenta años, después de lo que ya se conoce de su participación, sindicada por Jorge Barata, en el pago de coimas por la Interoceánica Sur? ¿Y de qué manera se van a ir reajustanto los peajes a lo largo del tiempo?”, preguntó el regidor Víctor Aguilar durante su participación en el Concejo Municipal.
“Usted (Jorge Muñoz) ha declarado a la prensa que la inversión del proyecto será de US$ 200 millones y se requerirá de US$ 70 millones en expropiación de predios ¿ese monto de US$ 70 millones forma parte de la inversión de US$ 200 millones o es un monto adicional que va a tener que asumir la municipalidad?”, interrogó Aguilar, regidor de Podemos Perú, partido por el que postuló Daniel Urresti.
Luego de esta intervención, Muñoz tomó la palabra, pero en lugar de contestar los cuestionamientos, pidió al regidor enviar las preguntas por escrito (ver video).
Cabe recordar que la semana pasada Jorge Muñoz, junto a ejecutivos de Graña y Montero –concesionaria del proyecto- anunciaron el relanzamiento de la Vía Expresa Sur.
La obra consistirá en 5 kilómetros de conexión desde la avenida República de Panamá, en Barranco, hasta el kilómetro 12 de la carretera Panamericana Sur, en San Juan de Miraflores.
El contrato de concesión fue firmado el 2013 con la Concesionaria Vía Expresa Sur S.A por un plazo de 40 años. Luego de seis años, Muñoz y Olivera firmaron la reanudación del proyecto cuya construcción durará alrededor de dos años.
¿Conflicto de intereses?
Por otro lado, el regidor Víctor Aguilar también cuestionó que el Estudio Echecopar asesoró legalmente a la Municipalidad de Lima en la concesión Rutas de Lima, entonces llamada Vías Nuevas de Lima.
“Hoy el Estudio Echecopar asesora al concesionario Rutas de Lima (integrada por Odebretch) en su demanda contra el municipio, que alcanzaría los S/1,295 millones”, subrayó.
Al respecto, el Estudio Echecopar respondió a Gestión.pe y sostuvo que no hay conflicto de interés, pues refirió que la asesoría actual a Rutas de Lima, que consiste en el patrocinio de un arbitraje internacional contra la Municipalidad de Metropolitana de Lima, no tiene relación alguna con la asesoría realizada a la misma municipalidad en el 2010.
Explicó que el Estudio Echecopar realizó una asesoría inicial a la Municipalidad Metropolitana de Lima en relación a la iniciativa privada Proyecto Vías Nuevas de Lima presentada por Odebrecht. La asesoría se realizó por unos meses en el 2010 durante la gestión del señor Luis Castañeda Lossio.
Luego, la gestión de la señora Susana Villarán (que inició el 2011) puso fin al contrato. Y en el 2013 la Municipalidad Metropolitana de Lima otorga la concesión a de Rutas de Lima.
"En tal sentido, nuestro encargo muy inicial terminó dos años antes de la firma del contrato que ocurrió en enero del 2013. Nuestro encargo hoy día ocurre nueve años después de la asesoría mencionada, y consiste un arbitraje de Rutas de Lima contra la Municipalidad Metropolitana de Lima por hechos ocurridos varios años después que no tienen relación con la breve asesoría del 2010", señaló el Estudio Echecopar.
