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En los últimos años, la presencia de la Sunafil a nivel nacional ha crecido y, según sus últimos indicadores, ya ha emitido multas por más de S/ 500 millones en lo que va del año. Además, ha pasado de tener 829 inspectores a 874, lo cual refleja una intención de incrementar las inspecciones y fiscalizaciones a empresas.
“Entre más cantidad neta de inspectores, el número de inspecciones también crecerá”, confirma Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama. Con eso en mente, ¿qué le espera a la fiscalización laboral hacia el próximo año y qué deben tener en consideración las empresas?
Enfoque por sector
Jaime Cuzquén, de EY Perú, espera que la Sunafil ponga énfasis en los sectores de construcción y comercio. Ello, con base en la data de años pasados.
“La tendencia estadística de la entidad desde el 2020 indica que los sectores empresariales con mayor índice de fiscalizaciones laborales son el inmobiliario, comercio, transporte y almacenamiento y la industria manufacturera, siendo las intendencias de Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Piura, La Libertad y Lambayeque las que concentran, aproximadamente, el 75% de las denuncias interpuestas ante la entidad”, recalca.
Agrega que se espera que la fiscalización del sector agrario siga creciendo. Según el abogado, ahora que las empresas agroindustriales deben cumplir con algunos aspectos del régimen regular se prevé que Sunafil las supervise. Ya en los últimos años se ha visto un mayor esfuerzo por formalizar a los trabajadores de dicho rubro.
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Planillas y sindicatos
Cuzquén asegura que la data de este año indica que, para el próximo, lo más probable es que la Sunafil ponga especial atención en la revisión de las planillas de las empresas.
“Es claro que el principal eje de la función inspectiva para el 2023 va a ser la reducción de la informalidad. Por ende, estimamos que las materias más fiscalizadas serán el registro de trabajadores en planilla y los incumplimientos sociolaborales generados a raíz de la informalidad”, señala.
El abogado agrega que también se espera un incremento en el número de inspecciones relacionadas a aspectos sindicales, dados los últimos cambios en la normativa que regula ese tema.
“Ha habido cambios en la norma, como aquella que estipula que la extensión de los beneficios de los convenios colectivos celebrados por sindicatos a los no sindicalizados ahora se considera como un acto antisindical”, indica, agregando que se podría a empezar a ver más denuncias por parte de trabajadores relacionadas a “prácticas antisindicales”.
Germán Lora, socio del estudio Damma, agrega que los temas sindicales serán un aspecto central, luego que la emisión del Decreto Supremo 014-2022-TR modificase la normativa relacionada a las negociaciones colectivas.
“El tema de huelgas, el de quienes tienen derecho a trabajar mientras se desarrolla una huelga declarada improcedente o procedente, e inclusive temas que se ven desde la formación de un sindicato, serán de especial preocupación”, señala.
Por su parte, Toyama considera que las empresas que serán más fiscalizadas el próximo año serán las que se encuentren en centros urbanos, son de gran tamaño y, adicionalmente, tienen sindicatos.
“La inspección responde a la denuncia, por lo cual es más probable que estas sean las empresas más fiscalizadas”, indica Toyama.
Al respecto, Cuzquén comenta que “solo el 37% de ellas se realizó por operativos, mientras que el 63% se generó por denuncias”.
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Seguridad y teletrabajo
Toyama señala que uno de los temas más revisados será el de seguridad y salud en el trabajo. “A eso hay que agregarle la seguridad y salud en el teletrabajo. Los empleadores van a tener que empezar a realizar capacitaciones para ver cómo evitar enfermedades, pues este tema, por ser novedoso, lo van a empezar a ver (desde Sunafil) con seguridad”, indica Toyama.
El abogado detalla que las empresas deberían empezar a pedir a los trabajadores que laboran en dicha modalidad que hagan autoevaluaciones de su lugar de trabajo o hacer ‘visitas’ mediante videollamadas para confirmar que su espacio es adecuado y cumple con requisitos de seguridad y salud exigidos por la norma.
Lora además señala que en la última reunión que se tuvo con Sunafil, indicaron que iniciarían operativos para verificar que las empresas cuenten con su Comité de Seguridad y Salud y que cumplan con sus requisitos básicos.
¿Qué deben hacer las empresas?
Toyama indica que existen cuatro cosas que deben empezar a hacer las empresas para evitar fiscalizaciones antes de que ocurran. Uno de dichos puntos es crear una “lista de dolores” de la empresa y hacer planes para mejorarlos.
Las empresas deberían realizar auditorías a sí mismas para identificar los puntos de la empresa que pueden ser generadores de conflicto y solucionarlos a tiempo, antes de que se concreten. “Por ejemplo, puntos de dolor pueden ser los contratos a plazo fijo, posibles maltratos laborales y tensiones con jefes, entre otros”, explica.
Al respecto, Lora indica que “ha salido tanta nueva normativa en el 2022 que el 2023 será un buen año para que las empresas hagan auditorías y fiscalizaciones internas para verificar si cumplen con obligaciones laborales básicas”.
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En ese sentido, Toyama afirma que las empresas deben crear un plan de solución de conflictos internos. “Lo que se quiere es evitar que haya denuncias. Se quiere que los reclamos se resuelvan en casa, y en lo que se deben enfocar las empresas es en ver cómo hacer que eso suceda. Hay que ver cómo hacer que el trabajador confíe en su jefe, en el canal de denuncias anónimas de la empresa, en los mecanismos que le ofrece. Para eso también hay que capacitar a los jefes y enseñarles a tener una conexión con sus trabajadores”, dice.
Según explica el abogado, la principal manifestación de conflicto laboral es el reclamo interno. Es solo una vez que ese no funciona que las personas acuden a Sunafil.
Gestión intentó obtener declaraciones de esa entidad, sin éxito.
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Acciones legales contra la ley de recuperación de horas ‘3x1′
Los empleadores vienen preparando demandas de amparo en contra de la nueva Ley 31362, que modificó la forma en la cual los trabajadores podían compensar las horas dejadas de trabajar durante la pandemia, según indican fuentes de Gestión. De acuerdo con dichas fuentes, las empresas estarían argumentando que la ley atenta contra su derecho de propiedad, ya que permite a los trabajadores solo trabajar un tercio de lo que deberían. Efectivamente, el Estado habría creado una licencia compensable y luego reducido la compensación, creando una especie de “donación forzosa” por parte de las empresas, según aducen fuentes.