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El Poder Ejecutivo aprobó, a fines de octubre, la actualización del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) mediante el Decreto Supremo 203-2024-EF. Los cambios responden a la urgencia de que, al finalizar el decenio, los actores del sector público, el privado, la academia y la sociedad civil hayan implementado medidas para dinamizar la economía y aumentar el bienestar social.
El plazo del plan se extendió hasta el 31 de diciembre del 2030. Asimismo, una revisión del documento evidencia que se han añadido a los nueve objetivos prioritarios algunos lineamientos que orientan la formulación de medidas para la elaboración de un Plan Multisectorial de Competitividad.
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Aunque las metas continúan en el camino de fortalecer las políticas en el sector educación, la empleabilidad, el comercio, la sostenibilidad ambiental, el área de salud, el proceso de formalización de la propiedad predial urbana y más; sobresalen las modificaciones en las disposiciones relacionadas con la infraestructura tecnológica, las condiciones laborales y la salud.
Sobre estos dos últimos puntos, un grupo de especialistas comparte sus perspectivas con Gestión.
Financiamiento a las mujeres emprendedoras
En el cuarto objetivo de la última versión del PNCP, cuyo foco es impulsar mecanismos de financiamiento local y externo, se incluye la Estrategia Nacional Mujer Emprendedora - ENME (aprobada por Decreto Supremo N° 012-2022-MIMP). Es decir, se realiza hincapié en la brecha de género.
Al respecto, se asegura que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) elaborará planes de trabajo para la promoción de acciones afirmativas que comprendan diagnósticos con enfoque de género.
Cecilia Flores, presidenta de WomenCeo Perú, valora como positiva esta implementación en la política de competitividad. “Pero si eso no va de la mano con acciones que emparejen compromisos —el propio Estado, a través de la banca estatal, puede tener mecanismos dirigidos a esta problemática—, quizá queden mensajes meramente puestos en textos”, aclara.
El mismo temor lo comparte Karla Pacheco, presidenta de Lima Norte de la Asociación De Mujeres Bodegueras del Perú (Agremub), explicando que existen tres niveles en su rubro: el A, ocupado por supermarkets; el B, por minimarkets; y el C, por las bodegas convencionales de barrio.
“A nuestro sector bodeguero, el C, no llegan los beneficios que el Estado propone”, agrega. “Esos préstamos están aptos para las empresas grandes, no para las microempresas. ¿Por qué? porque nuestro sector C solo emite boletas, no facturas. Existen cláusulas que no llegan a los microemprendimientos”, especifica. Pacheco añade que sus barreras para el acceso a financiamientos está tanto en requisitos bancarios como culturales.
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Así, el obstáculo organizacional y el social refuerzan, según ambas expertas, la ola de la criminalidad. La cabeza de WomanCeo Perú detecta que la informalidad, como consecuencia natural, empuja a las emprendedoras hacia el sector de los créditos informales, donde manejan altísimas tasas de interés y emplean la amenaza como semilla de miedo.
Pacheco habla sobre ello: “Muchas de mis colegas acceden a los préstamos de gota a gota. Mientras vayan pagando, no las molestan, no les roban, no las extorsionan, no las amenazan, pero el día que ya no tengan para pagarles se ponen la soga al cuello. Desde nuestra posición, le pedimos al Estado que deje la burocracia y que tenga más alternativas reales para el sector de bodegas”, apunta.
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Prevención y control de problemas de salud mental
Otro punto que se destaca en la actualización del PNCP es la inclusión de acciones que prevengan y controlen los problemas de salud mental, una formulación presente en el segundo objetivo: el fortalecimiento del capital humano.
Este apartado se respalda en data y recuerda la afectación de la ola pandémica. En el Perú, el primer estudio sobre salud mental durante la pandemia por COVID-19 en personas mayores de 18 años mostró que seis de cada 10 encuestados (61.5%) sufría de algún tipo de problema o sintomatología relacionada con trastornos mentales y del comportamiento.
Frente a este panorama, la medida del PNCP aborda el acompañamiento clínico psicosocial en los establecimientos de primer nivel de atención, así como la expansión de los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) y las Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones (UHSMA).
Acerca de este planteamiento, Wendy Quintasi, psicoterapeuta y docente de posgrado, menciona que se trata de un hito en el plano de la formalidad. Ella insiste en que activar las redes de apoyo –el acompañamiento psicosocial– es una de las partes medulares para la recuperación de cualquier paciente.
“Se requiere una intervención profesional con métodos comprobados y que esto no suponga un golpe a la economía de las personas”, acota. Asimismo, anota dos ventajas más: la promoción de un mayor cuidado de la salud mental a nivel de comunidad y la eliminación progresiva de su estigmatización. “Todavía en nuestra cultura está mal visto decir: ‘Tengo dificultades psicológicas’. Se asocian a conceptos antiquísimos. Sin embargo, prestar atención a la salud mental es efectivo a nivel macro”, concluye.
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