MTC: hay mayor desconfianza de bancos sobre empresas constructoras

Al explicar las razones del poco avance en la ejecución del presupuesto de su sector, el ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, esgrimió ante la Comisión de Presupuesto del Congreso hasta cinco razones por las cuales se ha ralentizado el gasto.

Un problema -argumentó- lo ha generado la lucha contra la corrupción, al haber creado desconfianza en el sistema financiero y dificultar la entrega de las cartas fianza que requieren entregar las empresas como garantía de fiel cumplimiento, entre ellas a las constructoras que se adjudican obras de transporte.

“Si antes podían obtener cartas fianza de forma sencilla, ahora se les hace muy complicado porque (las entidades del sistema financiero) están pidiendo otro tipo de garantías y más aún en el rubro de construcción”, anotó.

Explicó que no solo para la adjudicación se necesitan dar garantías de fiel cumplimiento, sino también cuando las adjudicatarias solicitan adelantos de recursos para la compra de insumos, todo lo cual es un escollo para avanzar más rápido en las obras.

Culpa del Estado

Al respecto, Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco, reconoció que, en efecto, hay mayores exigencias que antes de los bancos para entregar cartas fianza a las constructoras, y que ello es debido a que se ha incrementado la incertidumbre respecto a cuándo estarán concluidas las obras.

Pero, anotó, esa situación la ha creado el propio Estado como concedente de las obras, pues no está reconociendo los incrementos de costos -en promedio del 10%- en que incurren las constructoras para adaptar las obras a los protocolos para prevenir el covid, lo que obliga a ir a arbitrajes.

Expropiaciones

Otro problema para ejecutar los proyectos de obras en transportes -según el ministro Estremadoyro- es la expropiación de predios.

Para agilizar ese procedimiento, afirmó que para cada proyecto que requiere expropiaciones, habría que plantear un proyecto de ley que declare esa obra como de interés nacional, pero cada trámite de ese tipo “toma seis meses dependiendo de la velocidad con que trabajen ambas instituciones (Ejecutivo y Congreso)”.

En esa línea, planteó revisar ese tema (normativas de expropiación) entre Ejecutivo y Legislativo, y establecer protocolos más rápidos para realizar ese proceso de manera más ágil. “Si trabajamos juntos podremos revertir esta situación que genera entrampamiento”, acotó.