:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/SVBIQ33VGNDFNKAOHQ4UIXLIBY.jpg)
El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima -a través de su Semáforo Legislativo- identificó 9 proyectos de ley que afectarían la estabilidad y la recuperación del país.
Estos proyectos de ley forman parte de las 855 iniciativas presentadas al Congreso en los últimos tres meses, donde dos están vinculados a infraestructura, tres al sistema financiero, dos a reforma constitucional, uno al mercado laboral y uno a la estabilidad macroeconómica.
En relación a infraestructura, el jefe del IEDEP de la CCL, Óscar Chávez, sostuvo que existen dos proyectos de ley que inciden en los contratos de gobierno a gobierno (G2G) que a la fecha ya suman cinco.
Es el caso del proyecto de ley 346, el cual propone que los informes técnico-económicos demuestren las ventajas de utilizar esta modalidad, así como incluir en los contratos cláusulas anticorrupción y que toda la documentación del proceso de selección sea publicada en el portal de transparencia de la entidad contratante.
En paralelo, se propone que la Contraloría emita opinión previa de carácter vinculante y que este aplique control concurrente debiendo destinársele hasta el 2% del costo de la inversión.
“Si bien esta norma va en buena dirección, la aplicación del control concurrente podría ser innecesaria si se considera que una de las bondades de este tipo de contratos es la aplicación de buenas prácticas internacionales de contratación”, aseveró.
De igual manera, el proyecto de ley 392 pretende facultar a los gobiernos regionales y gobiernos locales a realizar este tipo de contrataciones G2G para la adquisición de bienes, servicios u obras no menores a 16.591 UIT (alrededor de S/ 70 millones).
No obstante, estos tendrían que considerar un presupuesto adicional de alrededor del 5% del costo del proyecto para el pago a la oficina de dirección de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) del país contratado.
-Estabilidad económica-
El Consejo Fiscal es una comisión autónoma que fortalece la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas a través del análisis y seguimiento de las políticas fiscales.
No obstante, con el proyecto de ley 276 se plantea que el Consejo Fiscal sea dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), institución que se encargará de designar a sus tres miembros por un periodo de cinco años prorrogables por un periodo adicional.
En la actualidad, el Consejo Fiscal se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y no se existe razón para los cambios propuestos, corriéndose el riesgo de debilitar a esta comisión.
-Sistema financiero-
Ante el incremento de los créditos directos a empresas y familias, así como el alza de la tasa de morosidad, se presentó al Congreso tres proyectos de ley que buscan la suspensión o reprogramación de deuda con el sistema financiero.
Es el caso del proyecto de ley 650 se plantea la suspensión por 24 meses del pago de deudas crediticias de consumo, personales, vehiculares, hipotecarias y créditos MYPES.
Le sigue el proyecto de ley 457 que propone la compra y reprogramación de deuda de personas naturales y mypes por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Por último, el proyecto de ley 674 plantea modificar los criterios que posibilitan la reprogramación de los créditos garantizados a través del programa Reactiva Perú.
“Si bien estos proyectos buscan ayudar a las familias y empresas que todavía no logran recuperarse financieramente, podrían también facilitar el acceso indiscriminado a dichas reprogramaciones, lo que puede deteriorar la estabilidad del sistema financiero”, sostuvo Chávez.
-Reforma constitucional-
En tanto, los proyectos de ley 174 y 274 plantean convocar una Asamblea Constituyente para que se redacte una nueva Constitución, lo que sin duda afecta las expectativas empresariales.
El IEDEP afirma que bajo la Constitución vigente se ha logrado un crecimiento económico sostenido y una importante reducción de la pobreza.
En ese sentido, señaló que es importante frenar la erosión de la confianza empresarial dada la importancia de la inversión privada en el crecimiento económico y en la creación de puestos de trabajo formales.
-Mercado laboral-
El proyecto de ley 718 establece los criterios para la evaluación y reajuste de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y su periodicidad.
Se precisa que esos criterios serán: la inflación, el costo de vida, las necesidades de los trabajadores, los niveles de productividad y las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM).
Sin embargo, consideró que hay aspectos técnicos que se deben tomar en cuenta para la determinación de la RMV, que no están siendo considerados en el proyecto de ley.
“En todo caso debe ser la Comisión Técnica de Productividad y Salario Mínimo la que establezca el mecanismo de reajuste y su periodicidad”, anotó Chávez.