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Al 2020, el Perú acumuló 25 demandas de inversionistas de capitales extranjeros que operan en el país ante tribunales internacionales, de las cuales 13 aún están pendientes de resolver, y cuyos montos conocidos de indemnizaciones suman US$ 4,250 millones, según un estudio del Transnational Institute (TNI) de Holanda.
Solo el último año se presentaron seis nuevos casos ante el Ciadi y ante la Corte de Arbitraje Permanente o CPA (por sus siglas en inglés), con lo cual el Perú en el 2020 fue el país más demandado de todo el mundo ante esos tribunales, y el cuarto a nivel de América Latina y el Caribe, advirtió Bettina Muller, representante de TNI.
Los casos pendientes incluyen a la estadounidense Gramercy Funds Management LLC y Gramercy Peru Holdings, que hace un reclamo vinculado a bonos de la reforma agraria, por US$1,800 millones; así como a la canadiense Lupaka Gold Corp, afectada por un bloqueo a su proyecto minero, y que planteó demanda al Estado por US$100 millones; entre otros (ver tabla).
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Denunciantes
En general las demandas relacionadas a minería, gas y petróleo suman el 36% del total de querellas, el 80% de las cuales fueron iniciadas por inversores estadounidenses, canadienses y europeos.
Todos ellos plantearon sus demandas al amparo del mecanismo de Solución de Disputas Inversor-Estado, el cual está incluido en muchos de sus tratados bilaterales de inversión (TBI) y tratados comerciales (TLC) vigentes, que se empezaron a firmar a partir del 2010.
Oportunidad
No obstante, Muller observó que, en vista de que, de los 27 TBI que suscribió el Perú 18 ya pasaron su fase inicial de vigencia (de 10 a 15 años) que estipulan esos tratados, el Perú tiene la oportunidad de denunciar unilateralmente dos tercios de esos acuerdos bilaterales. Recomendó además iniciar una revisión integral en forma de auditoría de los acuerdos de protección de inversiones existentes para determinar si los beneficios propuestos son mayores que los perjuicios al Estado.
EN CORTO
Fallos. Como resultado de las demandas contra el Perú que favorecieron a empresas ante tribunales internacionales, se dispuso que el país abone US$19 millones. A ello se añaden los gastos del Estado en el pago de su defensa legal, que en el caso de Renco, por ejemplo, le costó US$ 8 millones, según TNI.