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Tal como lo había anunciado la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el Gobierno remitió al Congreso de la República un proyecto de ley para asegurar el acceso universal al agua potable con prioridad para población en condición de pobreza o vulnerabilidad.
De acuerdo con esa iniciativa estatal, la norma se aplicará a la población sin acceso al agua potable en los ámbitos urbano y rural a nivel nacional.
Este acceso que propone el Ejecutivo sería de carácter temporal, a ser proveído en zonas donde no hay conexión a redes, y a través de intervenciones de rápido impacto y con menores plazos, priorizando el uso de opciones tecnológicas incluso no convencionales.
La temporalidad antes citada se extenderá, hasta que los beneficiarios puedan tener acceso a la prestación de los servicios de saneamiento (regulares), pero se aplicará además en áreas que no constituyan zonas de riesgo no mitigable, y según la oferta hídrica disponible.
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La iniciativa legal indica que serán los gobiernos locales, regionales, el Minsa y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y sus programas y la OTASS, los que realizarán las acciones necesarias para implementar esta norma, dotando de equipamiento para garantizar el almacenamiento y traslado seguro del agua potable a los beneficiarios.
Beneficiarios podrían asumir un pago parcial
El proyecto indica que la implementación de las intervenciones en el marco de lo dispuesto el proyecto de ley como su financiamiento total o parcial, se realiza a través del Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS), dependiente del MVCS.
Precisa que la retribución por este servicio será equivalente a la tarifa fijada por Sunass, pero que la misma podrá ser asumida total o parcialmente por el beneficiario, y que -de aprobarse la propuesta- su reglamento incluirá las excepciones que correspondan.
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Recargos en las tarifas de agua
El proyecto plantea modificar la norma que regula el FIAS, de forma que constituyan como nuevas fuentes de recursos de dicho fondo recargos tarifarios en la facturación mensual de usuarios residenciales como no residenciales (comercios e industrias).
Así, para el caso de usuarios residenciales, constituirá nuevos recursos del FIAS recargos en la facturación mensual de los usuarios del servicio de agua potable residenciales de hasta 3%, y de no residenciales de hasta 4%.
Al respecto, Max Carbajal, director general de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS explicó a Gestión que estos ajustes tarifarios planteados -de aprobarse el proyecto- no implicarían un ajuste tarifario generalizado, sino que será diferenciado.
Subsidio cruzado
Detalló que se trata de una suerte de subsidio cruzado focalizado, por el cual serían los actuales usuarios de altos ingresos (residenciales) y alto consumo (grandes comercios e industrias), los que podrían ver elevada su facturación.
Pero además, indicó que tales ajustes -que los definirá Sunass en cada caso-, podrían ser entre 0% hasta 3% o 4%, según corresponda. Puso como ejemplo que, si un usuario en esos segmentos de alto ingreso o consumo paga hoy S/50 mensuales, podría tener un recargo de S/1.50 mensual.
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Además, indicó que el fondo FIAS tendrá también otras fuentes de financiamiento, como son más presupuesto del MVCS, transferencias de otros sectores o donaciones del sector privado, etc.
¿Qué dice Sunass?
Sobre éste punto del proyecto de ley, Sunass indicó a Gestión que, en cada caso -teniendo en cuenta que son 50 EPS (las que operan en el país a nivel nacional)- habrá un proceso para determinar el recargo tarifario.
“La opinión técnica de la Sunass tendrá en cuenta el impacto en la capacidad de pago de los usuarios y la viabilidad de financiación de las intervenciones para el acceso universal”, indicó la entidad, en referencia a un escenario en que se apruebe esta iniciativa legal.
El sustento del proyecto
El sustento para aplicar esta propuesta, según el proyecto de ley, es que existen 6.9 millones de peruanos que carecen de algunos de los servicios de saneamiento, entre los cuales 1.9 millones corresponden a personas sin acceso al agua potable por red pública en zonas urbanas.
En tanto, otro 1.5 millones de personas carecen del mismo servicio en zonas rurales, a la vez que suman 3.5 millones los que no cuentan con servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitario de excretas.
En este caso, se entiende como acceso universal (que busca proveer este proyecto) a la dotación de agua potable entre 20 a 50 litros por persona, a diferencia del servicio universal, que comprende una dotación de entre 100 a 220 litros por persona.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.
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