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La crisis política ha golpeado a las ya bajas expectativas empresariales que incluso han alcanzado niveles similares a los vistos durante la Crisis Financiera Global del 2008-2009, indicó la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings en un reciente reporte sobre Perú.
El documento advierte que los problemas autoinfligidos del Perú frenan el crecimiento del país. Además, detalla cuáles son los principales riesgos que se enfrentan y de qué manera impactan en la economía.
“El primer año del presidente Pedro Castillo en el cargo ha sido inestable. Castillo siguió políticas antiempresariales, reorganizó cinco gabinetes y enfrenta seis investigaciones por acusaciones de corrupción”, indica el reporte elaborado por el director asociado de Fitch Ratings, Héctor Collantes.
Además, la agencia advierte que el poder del Congreso se ha debilitado tras haberse dividido en 13 bancadas con un promedio de 10 miembros cada una. Agrega que la agrupación más grande es Fuerza Popular, con 24 escaños. Destaca además la escisión de Perú Libre y la Bancada Magisterial y la manera en que el partido de Gobierno quitó respaldo a Castillo en junio pasado.
La agencia también hace referencia en su informe a la iniciativa de adelanto de elecciones, la cual, resalta, tiene opositores desde la izquierda y derecha del Congreso. Otro elemento a tomar en cuenta es la inminencia de las elecciones regionales que se realizarán en octubre.
“Anticipamos que la turbulencia política continuará, pero no provocará el derrocamiento de las instituciones del país”, indica.
Impacto sectorial
“La política y la economía ya no se pueden tratar por separado en el Perú. Iniciativas antiempresariales, deficiente resolución de conflictos y denuncias de soborno del Gobierno de Castillo han sofocado la inversión. Las expectativas están deprimidas, la minería ha sido impactada y la regulación laboral se ha desequilibrado. Todo en medio de una inflación creciente y de precios de los metales a la baja”, indicó Collantes.
En materia laboral, Fitch Ratings advierte que para la implementación de las más recientes medidas, como las restricciones a la tercerización laboral o las que fortalecen a los sindicatos, se evitó la discusión con los empleadores, lo que va en contra de lo recomendado por la OIT.
Respecto de la actividad minera, la agencia considera que la “incapacidad de la administración de Castillo para calmar las protestas mineras puede haber alimentado e intensificado el malestar social”.
“El presidente decidió aceptar las demandas inmediatas de los manifestantes, prometió negociaciones, cambio funcionarios y evitó que la policía arrestara a quienes protestaban. Estas acciones no calmaron las protestas ni los bloqueos de carreteras”, señaló Fitch. La agencia puso como ejemplos los casos del bloqueo por dos meses de Cuajone y las interrupciones del transporte de mineral de Las Bambas