Los pequeños me importan (¿De verdad?)

Mediante el Decreto Supremo 014-2021 del 20 de mayo del año pasado (gobierno de Francisco Sagasti) se estableció un cambio fundamental en la forma de comercializar las gasolinas en el Perú. La norma contempla la unificación del número de gasolinas y gasoholes en solo dos grupos: regular y premium. Ambas categorías serían las únicas en comercializarse a partir del 1 de julio de 2022.

Desde esta plataforma proponemos que la aplicación de este DS se postergue indefinidamente.

Veamos. Al unificar la gasolina de 84 y 90 octanos en una nueva categoría de 91 octanos, la calidad del combustible que consumen los usuarios de 84 octanos mejorará, pero a qué precio. Se calcula que cada usuario pagaría de 2 a 3 soles más por cada galón de gasolina, en el peor momento económico del país, con una tendencia al alza de precios en casi todos los bienes básicos.

Sabemos bien que los usuarios de 84 y 90 octanos son los más vulnerables y pobres del país. La finalidad ambiental, de eficiencia o logística de la norma puede ser válida pero NO en este contexto. Por otro lado, los más beneficiados serán quienes conforman el diminuto grupo de consumidores de gasolinas de 97 y 98 octanos. Todos los demás pierden. Clase media. Clase pobre. Así de claro.

Pero, además, existen en el país aproximadamente 5000 grifos particulares que no han sido considerados en ningún plan de preparación logística y de información sobre las nuevas disposiciones. Estos grifos tendrán problemas de adecuación de sus productos, incurrirán en diversos gastos de adaptación de equipamiento e infraestructura y perderán competitividad frente a los grifos corporativos más grandes. Otra vez, perderán los más pequeños, y la pasarán bien los grandes.

Otra de las grandes dudas respecto a esta medida, y que todavía no ha sido aclarada, se centra en la compatibilidad de los vehículos con este cambio de octanaje. ¿Cómo afectará a los motores combinar distintas calidades de combustible? ¿Los vehículos modernos podrán soportar esta combinación si implica una pérdida de calidad? ¿Quién se hará responsable si los autos de miles de peruanos empiezan a tener problemas de funcionamiento? ¿El Estado? ¿Las productoras de combustible? ¿Esos 5000 grifos particulares que no recibirán ningún apoyo en este proceso?

Conclusiones al vuelo: es evidente que a este gobierno los más pobres nunca le interesaron ni le interesan. Esta es una medida que avanza con una pésima focalización y en el peor momento para nuestros emprendedores, clase media y pobres. NO sabemos, además, con qué transparencia se manejará el cálculo para determinar el nuevo precio de estas gasolinas por parte del Estado y el sector privado. Conveniente para ambos.

Repito, el gobierno no debe seguir adelante en la aplicación de este decreto supremo. Pero del lado del sector privado, llama la atención lo poco que han hablado del tema, su casi nulo compromiso con postergar este decreto. Pelear esta batalla en nombre de los consumidores más pobres sería una enorme oportunidad de demostrar que los “grandes” se compran de verdad los problemas de los “chicos”, unirse a ellos, identificarse con ellos y hacer ALGO.

De hecho, si les saliera natural hacerlo, ya estarían escribiendo cartas, comunicados y contratando análisis para detener la norma. Pero no, eso no está ocurriendo. ¿Se animarán en estos 15 días más empresarios y gremios a intentar postergar este decreto supremo que no tiene nada de urgente, ni oportuno, ni idóneo para la situación de la mayoría de peruanos? Estaremos vigilantes a partir de mañana.