Inconsistencias del pico y placa

Por: Alonso Segura

La MML continúa desplegando su iniciativa de pico y placa, ahora ampliada a camiones. ¿Es esta la mejor solución al tráfico?

Hace exactamente dos meses, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció la entrada vigencia, prácticamente de inmediato y con sólo dos semanas de marcha blanca, del “pico y placa”. En otras ciudades de la región, estas experiencias han tenido resultados mixtos, en el mejor de los casos. Los beneficios fueron temporales, pues la densidad vehicular se incrementó gradualmente, y las vías se congestionaron nuevamente.

En ninguna de esas experiencias, la medida operó como una restricción parcial de circulación aplicable solo a ciertas vías. El alcalde de Lima ha explicado que la capital no está apta para una restricción masiva del tránsito vehicular al no contar con un sistema de transporte público adecuado. Coincidimos en ello.

Sin embargo, la MML debió considerar que la existencia de un transporte público adecuado también debió ser una condición previa a la aplicación del sistema de pico y placa en Lima. Porque si bien este tipo de restricciones a la circulación de vehículos en días determinados tiene por objetivo reducir la congestión vehicular y la contaminación ambiental, un supuesto fundamental es que la población migre al uso de transporte público.

Por ello, por su diseño, el pico y placa impuesto por la MML hace aún más difícil lograr los objetivos planteados. Primero, porque solo es un sistema de desvío de tráfico. Segundo, porque al no existir alternativas eficientes de transporte público, los vehículos optan por vías alternas ahora sustancialmente más congestionadas.

En esta línea, múltiples expertos han señalado algo que resulta obvio en las calles. El día que se tiene la placa autorizada se reduce el tiempo de traslado, pero los días de placa no autorizada, el incremento en tiempo no sólo es sustancialmente mayor, sino sujeto a mayor incertidumbre por la reasignación desordenada de la congestión. En neto, los conductores pasamos ahora más tiempo en el tráfico, contaminando más y asumiendo un mayor costo económico, en tiempo y combustible. Además, sin asumir responsabilidad alguna, la medida de la MML está exponiendo la seguridad de los limeños, que en muchos casos se ven obligados a usar medios de transporte menos seguros.

Otro argumento que ha usado la MML, que no pareciera tener sustento alguno, es que esta medida permitiría redistribuir tráfico hacia otras horas del día. La Municipalidad piensa que los ciudadanos decidimos a voluntad cuando ir a trabajar o estudiar, así como los horarios de retorno, como si fuese electivo disfrutar de las horas pico.

Entonces, ¿el ahorro en tiempo del traslado en transporte público compensa el incremento del tiempo de viajes de los vehículos particulares? No podemos saberlo, pues la MML no ha medido los incrementos de congestión en vías alternas y solo reporta datos -escuetamente- para las vías restringidas. Esta omisión evita que las mediciones que todos hacemos en el día a día, se corroboren con mediciones objetivas.

Las medidas que restringen un derecho fundamental como el de libre tránsito, deben ser de última instancia, no las primeras que se introducen, ni sin estudios que las sustenten ni metas para evaluar sus resultados. ¿No debieron implementarse medidas previas como la creación de una central de tránsito inteligente que incluya semaforización integrada, fiscalización y eliminación del transporte público informal, así como campañas de sanción efectiva de infracciones de tránsito? Eso solo por citar algunos ejemplos y sin entrar en medidas de más largo aliento como el desarrollo de obras de infraestructura vial y proyectos de transporte público masivo.

La MML optó por escoger la alternativa más limitativa de los derechos ciudadanos y la menos eficaz. Quizás no es coincidencia que sea la más fácil de implementar y la más rentable para la MML, pues además de restringir la circulación, cobra multas a los infractores. Aplicar tarifas de congestión hubiese sido una medida menos gravosa, la cual, sin embargo, adolece de la misma falta de condiciones de implementación, porque requiere también de una alternativa adecuada de transporte público.

A pesar de lo anterior, la MML extendió la restricción de circulación al tráfico pesado, lo cual generará sobrecostos a cadenas logísticas domésticas -que vamos a pagar todos los ciudadanos- así como a productos de exportación. ¿Acaso el impacto en congestión de los vehículos de carga pesada, que son pocos, es comparable con el de los vehículos de transporte público ilegales, que son muchos?

También se han socavado los mecanismos institucionales que tanto esfuerzo costó crear para solucionar, de manera coordinada, los problemas del transporte urbano. Una propuesta de esta naturaleza debió evaluarse en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El gobierno nacional es el llamado a hacer respetar los fueros de la ATU y reevaluar estas decisiones.

Haría bien la MML en ser diligente con las evaluaciones de estas medidas, y en función de los resultados, realizar los ajustes que correspondan. También ponerse a trabajar en algunas de las otras medidas más difíciles, pero de alto impacto. De lo contrario, los perjudicados seremos los ciudadanos.