La era de la cleptocracia: Poder geopolítico y beneficio privado en tiempos de Trump

Es el título de un reciente artículo de Foreign Affairs publicado en marzo-abril 2026, volumen 105. Los autores son Alexander Cooley y Daniel Nexon. El primero es catedrático de Ciencias Políticas y vicerrector del Barnard College; y antes miembro del Instituto Harriman de la Universidad de Columbia. El segundo es profesor en la Universidad de Georgetown, nombrado por el Departamento de Gobierno y la Escuela del Servicio Exterior. https://www.foreignaffairs.com/united-states/age-kleptocracy-cooley-nexon

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define la cleptocracia como un sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. La IA agrega que es una forma de gobierno degenerada donde los líderes políticos utilizan el poder para enriquecerse ilícitamente a costa de los bienes públicos. Cualquier semejanza con otros tiempos del pasado peruano y quizás los actuales no es mera coincidencia.

Idea clave

Cooley y Nexon postulan que Trump ha utilizado la política exterior estadounidense principalmente para aumentar su propia riqueza, consolidar su estatus y beneficiar personalmente a un pequeño círculo de familiares, amigos y leales. La política exterior estadounidense está ahora subordinada en gran medida a los intereses privados del presidente y su círculo cercano.

Estos intereses pueden, en ocasiones, coincidir con una concepción razonable del bien común. Sin embargo, con mucha más frecuencia, la administración Trump invoca los intereses nacionales de EE.UU para desviar la atención de sus propios intereses, difuminando la distinción entre sus intereses privados y los del pueblo estadounidense.

Antecedentes

Según los autores los analistas llevan mucho tiempo intentando definir la política exterior del presidente Trump. Muchos la han asociado con alguna forma de realismo, entendido como la búsqueda del interés nacional definido exclusivamente en términos de poder.

Más recientemente, muchos han afirmado que, por el contrario, él favorece claramente un mundo en el que las grandes potencias conspiran para dividir el mundo en esferas de influencia. En todo momento, la única interpretación constante ha sido que tiene un enfoque transaccional de la política internacional: el arte de la negociación como gran estrategia.

Cooley y Nexon señalan que todas estas evaluaciones se basan en un error de categoría. Parten de la premisa de que el objetivo principal de la administración Trump es promover los intereses nacionales. De hecho, los debates estadounidenses sobre política exterior, seguridad nacional y gran estrategia dan por sentado que los líderes diseñan políticas para servir al bien público —incluso si su visión del interés público es errónea— en lugar de enriquecerse o magnificar su gloria personal. Sin embargo, la Administración Trump, ha destruido esta premisa.

Discusiones

Muchos informes periodísticos señalan sobre cómo los acuerdos internacionales de Trump enriquecerán a sus partidarios, pero los siguen tratando como pagos secundarios y no como el objetivo principal de su política exterior.

Sin embargo, Cooley y Nexon anotan que, si la política exterior de la administración no fuera fundamentalmente cleptocrática, no estaría intentando sistemáticamente socavar o inhabilitar la independencia de las instituciones que durante mucho tiempo han configurado la política exterior estadounidense, incluyendo el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa.

Esta desinstitucionalización debilitará la formulación de políticas estadounidenses durante al menos una década. Asimismo, no estaría recurriendo a una práctica, que consiste en condensar intencionadamente la resolución de conflictos, los acuerdos económicos y los convenios que benefician a sus allegados en megaacuerdos grandilocuentes difíciles o imposibles de escrutinio. Y no habría desmantelado sistemáticamente décadas de esfuerzos bipartidistas para combatir la corrupción internacional.

Neopatrimonialismo

Cooley y Nexon sostienen que el trumpismo forma parte de una ola patrimonial global, que también ha afectado a países como Hungría, Israel, Rusia y Turquía. En todos estos países los líderes han intentado transformar los estados modernos, burocráticos y a menudo democráticos en extensiones de su autoridad personal o la de sus partidos políticos.

Estos regímenes neopatrimoniales conservan la apariencia de procedimientos imparciales y los atributos de una burocracia profesional. Sin embargo, sus líderes nombran a allegados para puestos políticos especializados, socavan la independencia de la administración pública y manipulan los mecanismos administrativos para recompensar a sus partidarios y castigar a sus rivales.

En un sistema neopatrimonial, la corrupción puede ser un medio para un fin (una forma de mantener lealtad, forjar coaliciones y consolidar el poder). Sin embargo, la actitud de Trump no es meramente patrimonial; es cleptocrática. En las cleptocracias, la corrupción es el fin; el objetivo de ocupar y mantener un cargo es enriquecer al gobernante y a su círculo íntimo. La regulación, la aplicación de la ley, la contratación pública e incluso la diplomacia se convierten en instrumentos de beneficio propio: de extracción de recursos, control de flujos de ingresos y desvío de riqueza hacia familiares, amigos y aliados.

Historia

Los autores recuerdan que la historia política estadounidense está repleta de ejemplos de corrupción. Sin embargo, con el tiempo, se establecieron sólidas protecciones contra la cleptocracia manifiesta, especialmente a nivel nacional, incluyendo tribunales independientes y supervisión legislativa.

La histórica Ley Pendleton de 1883 limitó el sistema de clientelismo político al instaurar una administración pública meritocrática. Luego, reformas adicionales, como normas estrictas para la contratación pública, requisitos de transparencia financiera y la creación de inspectores generales, redujeron aún más las oportunidades de corrupción.

Institucionalidad previa

Cooley y Nexon señalan que EE.UU estableció un Servicio Exterior moderno y unificado en 1924. Con el tiempo, este amplió su infraestructura para capacitar a los funcionarios en idiomas extranjeros y asuntos técnicos. A medida que los altos funcionarios transmitían sus conocimientos y experiencia a los subalternos, se acumuló un capital diplomático sin parangón.

Sin embargo, el gobierno estadounidense, siguió siendo una excepción entre las demás democracias: los presidentes solían nombrar embajadores a ricos donantes políticos y designar a personas con influencias políticas para ocupar más puestos de liderazgo. Aun así, durante décadas antes del segundo mandato de Trump, se dependió de un aparato de política exterior altamente institucionalizado, para intentar garantizar que la estrategia estadounidense en el extranjero reflejara los intereses nacionales. Si bien el presidente gozaba de amplia libertad para definir esos intereses, no podía simplemente imponerlos.

Agencias burocráticas

La política exterior era elaborada por diversas agencias burocráticas, como el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la CIA y la Administración Nacional de Seguridad Nuclear. Todas estas agencias estaban integradas principalmente por funcionarios públicos y militares. Su trabajo se basaba en la experiencia de funcionarios de carrera especializados en temas, países o regiones específicas.

Los expertos deliberaban en un sistema coordinado por el Consejo de Seguridad Nacional. Este sistema ofrecía numerosas ventajas, como el mantenimiento de la continuidad política entre administraciones, lo que permitía a EE.UU. comprometerse de forma creíble con tratados a largo plazo. Además, empoderaba a los funcionarios públicos imparciales para expresar sus inquietudes sobre si los acuerdos propuestos beneficiaban al interés público, cuestionar su viabilidad, o denunciar conductas poco éticas.

Destruir institucionalidad

Funcionarios de Trump afirman que quieren erradicar un estado profundo empeñado en sabotear las iniciativas políticas del presidente. Pero, en realidad, la administración busca algo más que un personal dócil. Quiere desmantelar por completo el aparato de política exterior del gobierno. Esto quedó patente con el desmantelamiento total de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que durante décadas supervisó y gestionó los programas de ayuda exterior de Washington.

Pero el esfuerzo ha sido más amplio. En 2025, dentro del Departamento de Estado, más de 1,350 empleados de carrera y funcionarios del servicio exterior fueron despedidos en nombre de la lucha contra el exceso de burocracia. La administración ha reducido aún más drásticamente el Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Le otorgó al secretario de Estado el control de la institución en lugar de permitirle operar de forma independiente.

En julio, menos de 100 personas trabajaban en el NSC, frente a las cerca de 350 durante el mandato del presidente Biden, y que el NSC organizaba muchas menos reuniones interinstitucionales. A finales de diciembre, el Departamento de Estado anunció la retirada masiva de embajadores estadounidenses, todos ellos diplomáticos de carrera, presentando falsamente esta medida como un procedimiento normal.

Nuevos negociadores

Trump envió a Witkoff, un magnate inmobiliario neoyorquino sin experiencia gubernamental ni diplomática, a negociar con los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Hamás e Israel, y Rusia y Ucrania. También envía a su yerno, Jared Kushner, en viajes diplomáticos. Nombró a Massad Boulos, suegro de su hija Tiffany, asesor principal para Asuntos Árabes y Africanos, asesor principal del presidente para Asuntos Árabes y de Oriente Medio, y asesor principal para África.

A estos enviados se les otorgan títulos y mandatos imprecisos que no activan los requisitos de divulgación financiera que normalmente se exigen a los altos funcionarios (declaraciones que revelen sus inversiones personales, intereses comerciales y posibles conflictos de intereses).

Corrupción a la vista

Cooley y Nexon anotan que la ostentación de Trump de enormes sumas totales de dinero en los acuerdos eclipsa el escrutinio de los detalles, al igual que la práctica de agrupar diferentes tipos de tratos en lugar de revelarlos por separado, lo que dificulta mucho saber si alguno de ellos se produjo después de que una empresa ofreciera a un allegado de Trump una parte de las ganancias.

Estos acuerdos incluyen pactos que benefician directamente a Trump y a su familia. Qatar le había regalado a Trump un jet de lujo Boeing, cuya modernización costará a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente mil millones de dólares y que tiene la intención de conservar tras dejar el cargo. Los Trump participan en acuerdos de arrendamiento de marca y en un complejo de golf de lujo vinculado a Qatari Diar, una empresa inmobiliaria respaldada por el fondo soberano de riqueza del país.

Además, en los acuerdos oficiales de Washington con los Emiratos Árabes Unidos, la Organización Trump ha expandido su presencia en el emirato mediante nuevos megaproyectos inmobiliarios. En abril de 2025, el hijo de Trump, Eric, anunció planes para la construcción de una Torre Trump de 80 pisos en Dubái. Posteriormente, Ucrania otorgó los derechos de explotación de uno de sus mayores yacimientos de litio a un consorcio del que forma parte Ronald Lauder, amigo personal de Trump. Los ejemplos de actos de corrupción son varios y diversos al combinar intereses públicos con los privados, señalan Cooley y Nexon.

Daños adicionales

Los autores señalan que Trump ha desbaratado los esfuerzos para contrarrestar el creciente problema de la corrupción global, que se traslada al interior del país. En 2025 dejó de aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la principal ley estadounidense contra el soborno. Luego, el Departamento del Tesoro debilitó la Ley de Transparencia Corporativa al suspender su aplicación para las empresas estadounidenses.

Asimismo, desmanteló la supervisión de las criptomonedas, una industria que obtiene importantes beneficios al facilitar el lavado de dinero que se convierte en vehículo para la influencia extranjera perniciosa en la política pública y electoral de las democracias consolidadas. Por eso, los miembros del sistema de alianzas estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial, deben considerar al régimen de Trump como una amenaza grave e inmediata para sus propios sistemas políticos, finalizan Cooley y Nexon.